Con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017, las protestas quedaron prácticamente pulverizadas tras tres meses de intensidad. Con más de 160 muertos, miles de personas abandonaron las manifestaciones antigubernamentales con los corazones y las ilusiones rotas, pues por momentos hubo la sensación de que la dictadura estaba acorralada, pero no fue así... o al menos supieron zafarse.
Parecía que era el fin de las acciones de calle, pues desde allí la oposición perdió poder de convocatoria y sus actores fueron cada vez menos populares. Sin embargo, el 2018 ha demostrado todo lo contrario.
Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en lo que va de año se han registrado más de 9 mil protestas pero a diferencia de 2017 (donde hubo 6729), la mayoría han sido por manifestaciones populares y no por convocatoria.
Esto, según el politólogo Jesús Castillos Molleda, ocurre porque “a pesar de que el gobierno nacional tiene 87 % de rechazo, la oposición política sigue muy dividida y su liderazgo diluido. A corto plazo la oposición no volverá a tener poder de convocatoria porque no se identifica un líder que pueda reanimar a los simpatizantes opositores”.
“Las protestas que se registran obedecen a reclamos por la mala calidad de los servicios públicos, como electricidad, agua, transporte, gas doméstico y aseo principalmente; también se registran protestas por la falta de dinero en efectivo y el alto costo de los servicios de salud y la compra de alimentos”, dice. “La diferencia con 2017 es que las actuales son espontaneas y no generan fuerza colectiva”.
A pesar de ser aisladas, Molleda cree que sí perjudican al Gobierno pues “poco a poco sus seguidores también se unen a algunos reclamos, ya que también los afecta, lo que en algún momento podría ser un detonante colectivo espontaneo”.
Precisamente a principios de noviembre hubo una protesta de trabajadores del Banco Central de Venezuela con sede en Caracas y Vladimir Caña, uno de los manifestantes, dijo que cuando Nicolás Maduro decretó el último aumento habían quedados conformes, pero que con el pasar de las semanas se dieron cuenta que lo que ganaban no les alcanzaba ni para comprar comida para tres días. (¿Lo ven? Personas que aún no han descubierto la hiperinflación).
Para María Inés Hernández, portavoz de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, la explicación de la enorme cantidad de protestas espontaneas es simple: “emergencia humanitaria compleja”, que se traduce en violación de derechos humanos, pues viola los artículos 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el 11 del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales que señalan que se debe garantizar un nivel de vida adecuado a las personas.
“El empobrecimiento de la ciudadanía, la dificultad para la adquisición de alimentos y toda esta situación llevan a las personas a un nivel de frustración y de desesperación que se traduce en conflictividad social”, explica.
Y ciertamente las historias de los manifestantes reflejan que ya no existe eso que en algún momento se llamó calidad de vida: desde personas que protestan por pasar hasta 5 días sin luz y denuncian haber perdido alimentos de sus refrigeradores, pasando por enfermeros que afirman desayunar con mango o que no tienen zapatos para ir a trabajar, hasta llegar a ciudadanos que se ven en la obligación de cocinar con leña porque en los sectores donde viven no hay gas doméstico.
“Tuvimos que volver al pasado, donde hacíamos sopa con leña”, dijo Tabata Soler, una enfermera de 37 años al New York Times.
Y la represión está a la orden del día. Por ejemplo, en el Zulia, donde trabaja Hernández como defensora de derechos humanos, el gobernador es Omar Prieto, un chavista radical conocido por su discurso violento.
“Actualmente los cuerpos de seguridad ejercen acciones de violencia contra las protestas que están motivadas por las prestaciones de servicios públicos. Recuerdo que el 24 de abril 30 personas estaban congregadas en Corpoelec del sector Amparo porque tenían más de 18 horas sin luz y llegó una camioneta sin placas y unos sujetos con armas largas detuvieron a las personas, aunque después fueron liberadas, y golpearon a un concejal. Es común que cuando circulan las protestas salgan los cuerpos de seguridad con actitud amenazadora”, relata.
Las autoridades suelen justificar la represión con la excusa de que trancar las calles perjudica a otros ciudadanos, lo que efectivamente es un delito según el código penal y establece penas de prisión para quienes lo comentan, pero “nada es excusa para reprimir”, dice Hernández, quien recuerda que en 2017 algunos transeúntes que no tenían nada que ver con las protestas se vieron afectados, e incluso hubo casos de asesinatos, porque simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado.
Hernández considera que la situación se complica aún más porque hay “un fracaso del sistema político que no cuenta con las vías institucionales para canalizar las demandas de la población de una mejor forma y así entramos en ciclos de protestas progresivas, y que muchas veces no son visualizadas por los medios de comunicación porque precisamente no son grandes manifestaciones, o masivas convocadas por partidos políticos; esto hace que algunas puedan pasar desapercibidas muchas veces”.
Escrito originalmente para Caracas Chronicles