En México, la interrupción del embarazo es un delito y no un servicio de salud. Las mujeres indígenas que experimentan un aborto espontáneo pueden ser calificadas de homicidio y cumplir una sentencia en la cárcel.
Una mujer embarazada acude a una clínica de emergencia cuando descubre un sangrado intenso. Al interior, es cuestionada por personal de salud y familiares sobre su situación obstétrica. Las autoridades son alertadas y le interrogan en plena emergencia médica e incluso aprovechan su estado de salud para hacerla firmar documentos o bien, declarar bajo presión a cambio de recibir la atención médica pertinente. Horas más tarde, ella es esposada y encarcelada por el delito de abortar.
" Las historias de la criminalización del aborto en México comparten algunas características en común: se trata de mujeres con un bajo nivel de ingresos, que viven en zonas rurales y en su mayoría indígenas."
Según Verónica Cruz Sánchez, Directora del Centro ‘Las Libres’ (una organización feminista dedicada a defender los derechos de humanos de las mujeres) para La Jornada, «éstas mujeres criminalizadas vienen de historias de violencia física, emocional y sexual en los ámbitos familiar, docente, comunitaria y laboral, además de la institucional por supuesto. Son mujeres en situación de marginación, exclusión y pobreza. Algunas incluso con la clásica “triple discriminación”: mujer, pobre e indígena».
A partir de la despenalización del aborto en Ciudad de México en 2008, distintos estados establecieron reformas para modificar su legislación en un intento por otorgar personalidad jurídica al embrión. Actualmente, 17 de 32 constituciones locales “protegen la vida desde la concepción”. «Estas reformas surgieron con la intención de limitar los derechos reproductivos de las mujeres y evitar el acceso al aborto legal y seguro, además de servir como obstáculo para futuros intentos por ampliar causales o despenalizar el aborto», asegura el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) organización especializada en derechos reproductivos.
El marco jurídico en México considera a la interrupción del embarazo como un delito y no como un servicio de salud. De enero del 2007 a diciembre de 2018, 4 mil 246 mujeres enfrentan (o enfrentaron) un proceso penal por el delito de aborto.
«Los efectos adversos de la criminalización también se materializan en los casos de mujeres que sufren un aborto espontáneo o un parto fortuito y son tratadas como sospechosas por parte del personal de los servicios de salud, con el riesgo de recibir una atención inadecuada o inclusive ser denunciadas ante el ministerio público», afirma Maternidad o castigo. La criminalización del aborto en México, la investigación del GIRE al respecto.
A pesar de que desde 2016 el aborto no se considera como delito grave, las consecuencias de esta política de criminalización pueden ameritar sanciones que van desde multas y trabajo comunitario, hasta penas privativas de libertad, estas últimas especialmente cuando se trata de emergencias obstétricas, abortos espontáneos o partos prematuros.
La legislación también contempla sanciones como la “reparación del daño” en Aguascalientes y hasta recibir “tratamiento médico integral” que –en palabras de GIRE– se trata de «una forma de sanción que a pesar de no representar una pena de prisión, perpetúa la idea de que quienes abortan necesitan ser “curadas” (...) son de destacar también los casos en los que las mujeres son acusadas de otros delitos con penas más severas, como el infanticidio y el homicidio en razón de parentesco, ante situaciones de aborto o partos fortuitos».