De acuerdo al artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no debe seguir una militancia política, y, de esta manera, resguardar la seguridad de toda la nación. Así mismo, en el artículo 330, se le prohíbe a la FANB optar a optar a cargo de elección popular, ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político.
Sin embargo, al hacer una evaluación a la situación actual de la FANB en el país, es notable la violación de estos artículos, ya que ésta, en su gran mayoría, es practicante de una ideología política de izquierda, la misma que la del Gobierno Nacional. A su vez, la Fuerza Armada opera como una especie de defensora del Gobierno y sus seguidores, mas no de los ciudadanos en general sin ninguna distinción política. Por el contrario, los dirigentes políticos de izquierda han colocado a sus opositores como enemigos de la Fuerza Armada, llevándolos a pelear contra ellos.
Así mismo, la FANB actúa junto con grupos civiles oficialistas armados llamados “Colectivos” para atentar contra las protestas que se han llevado a cabo en el país para oponerse al Gobierno. Los colectivos, amparados por el ente nacional pero no por la Constitución, han asesinado a varias personas en dichas manifestaciones, evidenciado en vídeos tomados por testigos de las manifestaciones publicados youtube.com, pero no reciben ningún castigo por eso, sino son felicitados públicamente por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, por su “trabajo en defensa de la Nación”.
Algunos de estos asesinatos ocurren en presencia de la Fuerza Armada pero, como estos siguen la misma ideología política que los colectivos, pasan desapercibidos, lo que lleva a las interrogantes: “¿Es esta la verdadera Unión Cívico-Militar que el Gobierno promulga y quiere en todo el país? ¿Pretende el Gobierno crear un ejército de civiles armados para pelear contra sus opositores?”.
Por otra parte está el hecho de que estos colectivos están armados con armas de guerra, lo cual está prohibido en el artículo 324 de la Constitución, en el que se le da permiso solo al Estado para portar y usar estas armas. Según runrun.es, estos grupos reciben recursos económicos por parte del Gobierno con fines culturales y comunales, pero una vez recibidos los recursos no hay seguimiento sobre si se usan para dicho fin.
A pesar del amparo que tiene el Gobierno Nacional hacia los colectivos, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en una entrevista concedida al diario Wall Street Journal, denunció a los grupos civiles armados que defienden al Gobierno, y pidió que se respete el derecho de protesta.
El Gobierno promulga una Ley Desarme que parece no aplica para sus seguidores, defiende una Constitución que ellos mismo violan, hace decretos de paz, como si se tratara de una ley, pero no analiza ni sanciona a sus dirigentes que practican la violencia sin ninguna acusación. Esto pareciera ser la Unión Cívico-Militar que el Gobierne quiere.