Como parte de la imposición del gobierno venezolano del petro, han decretado que todo pago con criptomonedas deberá tener un impuesto agregado, así como los pagos con divisas extranjeras.
Obviamente esto no afecta al petro, dando la sensación de ser un mejor método de pago e incentivado su uso. Aunque el decreto solo afecta al consumo denominado suntuario, es una de las imposiciones que buscan promover el uso de una pseudocriptomoneda sin valor alguno.
Evidentemente para conseguir que este decreto tenga validez se necesita que exista un intermediario en la compra-venta que se lleve a cabo. De tal forma que intervenga una entidad reguladora, que pueda confirmar de que manera se llevó a cabo la transacción.
Un impuesto de este tipo en el sector peer to peer es imposible de auditar y ejecutar, gracias a los beneficios por diseño que tiene bitcoin de ser resistente a la censura.
El gobierno venezolano se ha dado cuenta de que las criptomonedas van ganando terreno frente a la devastada economía interna del país. Esto es un claro ejemplo de que la incertidumbre es la gasolina de bitcoin.