A lo largo de 82 páginas propone medidas para regular el flujo migratorio que, en la práctica, implicarían la introducción de límites en la circulación de trabajadores. Los inmigrantes con menor cualificación sólo podrán optar a un permiso de residencia de hasta dos años, mientras que en el caso de "ocupaciones cualificadas" el periodo oscilará entre los tres y los cinco años.