Una regulación sobre el uso de activos virtuales fue emitida el pasado 26 de agosto, en la Resolución 215/2021, del Banco Central de Cuba (BCC), publicada en la Gaceta Oficial No. 73 en su edición Extraordinaria, la cual entró en vigor desde el pasado jueves 16 de septiembre. En principio, la nueva normativa reconoce el uso de dichos activos, entre los cuales están las criptomonedas, para la realización de operaciones comerciales, financieras, cambiarias y de cobro de pagos.
Sin embargo, deja claro que los Organismos de la Administración Central del Estado, así como sus dependencias y entidades subordinadas, no pueden realizar operaciones de ningún tipo con activos virtuales. El BCC se otorga la posibilidad de autorizar permisos cuando lo considere necesario. A su vez, reconoce lo establecido en el Decreto Ley 362 del 2018, el cual faculta al BCC a conceder licencias a personas naturales para ejercer actividades financieras que interesen a la institución estatal “por razones de política monetaria”.
Los activos virtuales tienen como principal característica el contar con una estructura financiera descentralizada, la cual, según el BCC, resulta un peligro, ya que no existe control de la emisión ni supervisión oficial ni respaldo de autoridades monetarias. La norma es clara en solo permitir transacciones que se produzcan “en y desde Cuba”.
Opinan líderes de emprendimientos importantes
Para emprendedores en este campo y líderes de dos de las plataformas más importantes que radican y trabajan en Cuba desde hace varios años, las nuevas normas tienen mucho de positivo y meritorio.
“El peer to peer ya no será algo en la sombra, sino que se buscó la forma de hacerlo legal (…) Esto lleva una aproximación del BCC a las criptomonedas y entender que, aunque no lo puede controlar, el BCC va a empezar a buscar formas para que los organismos del Estado, personas naturales y personas jurídicas, entiendan estas cosas poco a poco. Esto lleva también muchísima educación y muchísima cultura sobre el tema”, expresó Enrich J. García Cruz, fundador de la plataforma de intercambio y pago de criptomonedas, QvaPay.
Félix F. Ulloa Peña, uno de los fundadores de HeavenEx, sitio de servicios con criptomonedas, por su parte, consideró que “la Resolución del BCC pudiera abrir las puertas a la creación de sucursales legales en Cuba de empresas serias, registradas en otras partes del mundo, pero que son utilizadas desde el país por muchos cubanos, quienes podrán usarlas sin problemas pues el BCC en su regulación no ha prohibido el uso de las criptomonedas por las personas (…) Al final, esta Resolución puede ser algo bueno para los cubanos, pues es el primer paso que se da desde el gobierno en esta materia”.
Regulaciones en otras partes del mundo
Por otra parte, varios países en el mundo han tomado acción sobre este tema de distintas maneras. Quizás, el caso más mediático ha sido el de El Salvador que aprobó la llamada “Ley Bitcoin”, un marco que reconoce el curso legal de esta moneda digital en ese país. La regulación salvadoreña no establece límites a las transacciones ni impone medidas especiales a quienes la usan. La criptomoneda puede ser usada en todo tipo de operaciones, incluidas las contribuciones tributarias.
En Chile, el Banco Central, ha tomado una decisión parecida a su homólogo cubano: advertir de los riesgos de las operaciones con criptomonedas. Sin embargo, a diferencia de Cuba, el Estado chileno no reconoce estas monedas, ni las regula o supervisa, de manera que cualquiera puede realizar estas operaciones de manera libre e ilimitada, siempre que no incluya a organismos financieros del Estado.
En Costa Rica, ocurre algo similar a Chile. No obstante, el Ministerio de Hacienda del país si ha pugnado porque los tributos por la renta puedan ser gestionados, pagados y cobrados también en criptomonedas.
En Panamá, tampoco el Estado ni sus instituciones financieras reconocen como moneda de curso legal a las criptomonedas; pero, permite que, entre personas jurídicas y naturales, así como entre entidades comerciales, se haga uso de estas divisas virtuales sin necesidad de permiso alguno.
Finalmente, en España su “Ley contra el Fraude” es una regulación que establece medidas de obligaciones sobre quienes realizan operaciones comerciales, financieras y de otros tipos con activos virtuales e incluso, establece que aquellos que tengan activos virtuales en el extranjero, pero con deberes fiscales en España, deben informar sobre su patrimonio en moneda virtual.