Uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico en América Latina lo representa el sector informal, ya que desde el punto de vista fiscal no están incorporados a las estructuras legales formales de los países.
Por lo tanto, no contribuyen a que los gobiernos sufraguen los gastos públicos mediante el pago de impuestos y, en consecuencia, no tienen acceso a los beneficios que los gobiernos implementan para incentivar el capital destinado a actividades lícitas.
Por lo tanto, se considera un obstáculo para el crecimiento, lo que puede dar lugar a la incorporación de nuevos impuestos en el sistema fiscal, como el impuesto sobre los grandes patrimonios, para ampliar el sistema de recaudación.
Aunque teóricamente existe la posibilidad de gravar el patrimonio a través de tasas y contribuciones, técnicamente es preferible recurrir a un nuevo impuesto, ya que, por un lado, esta figura se ajusta más a la capacidad económica del contribuyente.
Esta capacidad económica relativa del contribuyente no representa para la administración una carga adicional en cuanto a la consideración o cuantificación directa de la tasa en relación con el costo (precio) de un servicio, cabe destacar que en el caso de Venezuela la ley recientemente aprobada no presenta ninguna definición de lo que debe entenderse por cargas o deducciones, siendo este impuesto en estudio considerado no deducible a efectos del impuesto sobre la renta.