El gigante tecnológico Google ha aceptado este lunes una sanción de 391,5 millones de dólares por sus prácticas de seguimiento de ubicación relacionadas con la configuración de la cuenta en contra de la voluntad de los usuarios, tal y como exigían los fiscales de 40 estados de Estados Unidos.
Según un comunicado de la fiscalía general de Connecticut, Google recopiló información sobre la ubicación de consumidores que expresamente habían pedido que no lo hiciera.
"Nuestra investigación encontró que Google continuó recopilando esta información personal incluso después de que los consumidores le dijeran que no lo hiciera. Esa es una invasión inaceptable de la privacidad del consumidor y una violación de la ley estatal", ha escrito el fiscal general de ese estado, William Tong.
Los fiscales han subrayado que "los datos de ubicación se encuentran entre la información personal más sensible y valiosa que recopila Google, y hay muchas razones por las que un consumidor puede optar por no aceptar el seguimiento".
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La nota resalta que solo con una "cantidad limitada de datos de ubicación" se puede conocer "la identidad y las rutinas de una persona y usarse para inferir detalles personales".
"Google utiliza estos datos para crear perfiles de usuario detallados y orientar anuncios a los consumidores en nombre de sus clientes publicitarios", recoge el comunicado. "Durante años, Google ha priorizado las ganancias sobre la privacidad de sus usuarios", ha dicho, por su parte, la fiscal general de Oregón, Ellen Rosenblum, en otro comunicado.
La investigación arrancó en 2018 después de que la agencia estadounidense AP revelara que Google continuaba registrando los movimientos de los usuarios incluso después de que estos le pidieran explícitamente que dejara de hacerlo.
Ahora, la investigación ha determinado que "Google violó las leyes estatales de protección al consumidor al engañar a los consumidores sobre sus prácticas de rastreo de ubicación desde al menos 2014".