A propósito de los recientes incidentes que han vuelto a colocar en el primer plano noticioso las reclamaciones venezolanas sobre el territorio Esequibo, que nos fuera birlado en el laudo tramposo de 1899 en París, vuelve a ser pertinente recordar y desmenuzar los designios geopolíticos foráneos subyacentes en todos los conflictos internacionales en los cuales ha estado involucrado nuestro país, por acción, omisión o propia naturaleza, desde finales del Siglo XIX hasta el presente.
Baste recordar nuestra última guerra civil, 1901-1903, concluida con dos batallas, de, aproximadamente, 2.000 muertos cada una, en La Victoria y Ciudad Bolívar. Esa fementida Revolución Libertadora fue financiada por la New York & Bermúdez Company en respuesta a la anulación de su concesión sobre el lago de asfalto de Guanoco por el impago –desde 1880- de sus compromisos con el Estado venezolano. En esa empresa subversiva participaron también intereses ingleses y franceses, “coincidiendo” además con el bloqueo naval de 1902 para el cobro de deudas por parte de buques alemanes, ingleses e italianos, resuelto por la intervención norteamericana a solicitud del Presidente Cipriano Castro y en aplicación de la Doctrina Monroe. (America for the Americans, aclarando que de acuerdo los usos impuestos por ellos mismos, americanos son los ciudadanos de los Estados Unidos)
La sincronía de estos acontecimientos con el malhadado Laudo de París que nos ocupa, en el que norteamericanos e ingleses se sirvieron a placer, estableciendo límites que obedecían a sus mutuos y particulares intereses, en desmedro de los legítimos títulos de Venezuela, es una prueba fehaciente de la situación de extrema indefensión en la que se encontraba entonces el país frente al conjunto de potencias imperiales que se disputaban espacios coloniales a nivel global.
Fue precisamente la aplicación de la Doctrina Monroe la que determinó el resultado de conveniencia anglo-norteamericana de ese laudo, tal como se registra en el mapa que insertamos, en el cual se observan también los límites originales de la Guayana Británica y las aspiraciones máximas de Inglaterra -que incluían la anexión de regiones más occidentales y con potencial aurífero de Venezuela, tales como El Callao, Upata, Tumeremo y Guasipati.
Todos los eventos mencionados, en particular el conflicto con la New York & Bermúdez Company, fueron la puesta en escena de lo que sería el paradigma de las relaciones de nuestro país con las corporaciones petroleras y sus respectivas metrópolis desde entonces y hasta nuestros días. Porque esa es la naturaleza del país que somos a la que hacíamos referencia antes: la condición de depositario de una inmensa riqueza hidrocarburífera por la que pujaron y pujarán todos los poderes mundiales.
Dejando atrás la crónica de los subsiguientes incidentes intervencionistas motivados por los intereses petroleros durante todo el siglo pasado, ampliamente documentados en fuentes nacionales e internacionales,1 en este Siglo XXI la ocurrencia de procesos políticos con trasfondo petrolero no ha cesado.
Valga como muestra el golpe de Estado de abril de 2002 y el subsiguiente sabotaje petrolero, desde noviembre de ese año hasta febrero del 2003, ambos motivados por el cambio de rumbo en las relaciones del país con el capital petrolero internacional que ya se avizoraba con la realización en el año 2000, en Caracas, de la Segunda Cumbre de Jefes de Estado de la OPEP, que relanzó la política de defensa de los precios del petróleo a partir de ese año. Cambio de rumbo que se consolidó en el país, formalmente, con la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobada en 2001. Y, precisamente, los hechos que forman parte de la génesis de la actual agudización del conflicto Esequibo comenzaron a desarrollarse a partir del 2005, cuando el gobierno nacional, aplicando la referida Ley Orgánica, inició la cancelación de los convenios operativos, para los campos “marginales”, exploración a riesgo y ganancias compartidas en áreas nuevas y las asociaciones estratégicas para la Faja Petrólifera del Orinoco,, suscritos desde 1992 bajo la política de “apertura” impulsada por la cúpula antiestatal enquistada en la Junta Directiva de PDVSA hasta 1999 y mediante los cuales se deterioraron todos los instrumentos de percepción de la participación nacional en la renta generada por la realización de la producción petrolera en los mercados internacionales.
En los instrumentos contractuales diseñados para promover la apertura de la industria petrolera venezolana a una renovada participación de los capitales transnacionales se degradaron todos los mecanismos que garantizaban la participación nacional: El Impuesto Sobre la Renta fue reducido de 67 a 34 por ciento y la Regalía de 16,66% a 1%. En las Asociaciones Estratégicas, la participación estatal se concibió como minoritaria y en algunos casos se limitaba a una “acción dorada” con derecho a veto. En particular, las Asociaciones Estratégicas en la Faja Petrolífera del Orinoco, concertadas entre los años 1993 y 1997, resultan paradigmáticas: Petrozuata (50,1% Conoco-Phillips y 49,9% PDVSA), Sincrudos de Oriente, Sincor (47% Total, 15% Statoil y 38% PDVSA). Cerro Negro (41,67% Mobil, 16,67% Veba Oel y 41,66% PDVSA). Ameriven o Petrolera Hamaca, (Conoco-Phillips 40%, Chevron-Texaco 30%, y PDVSA 30%).
Esta gente, con la apertura materializó lo que Pérez Alfonzo temía. En 1976 fue derrotado Pérez Alfonzo con la nacionalización chucuta, y él dijo: “Bueno, ese artículo que dice que el Estado podrá llegar a acuerdos con empresas mixtas y cosas por el estilo, ésa va a ser la ventana por donde luego se van a colar”, y así fue. Se colaron en los años noventa con el outsourcing, con los convenios operativos, con la asociación estratégica, con los contratos de riesgo, con todas esas cosas que se hicieron y que se están revirtiendo ahora con una figura con la que yo no estoy de acuerdo. Porque yo combatí esa figura en el 76, y no estoy de acuerdo con lo que hizo el gobierno con eso de las empresas mixtas.
Venezuela reclama soberanía sobre las aguas frente a la región del Esequibo, rica en minerales y en bosques, y una zona marítima del Atlántico con importantes recursos petroleros. Guyana, una ex colonia británica, sostiene en tanto que el límite del territorio fue establecido en 1899 por un tribunal de arbitraje.
El gobierno venezolano nunca reconoció ese límite y el conflicto comenzó a caldearse en 2015, cuando se anunció un hallazgo significativo de crudo en una concesión a 190 km de las costas de Guyana que Venezuela asegura está en aguas en disputa.
Más tarde, ese año, Guyana anunció que contactaría a Google para eliminar ciertos nombres de calles de la región en disputa que estaban en español y no en inglés, lo cual para Georgetown puede dar a entender que el área pertenece a Venezuela. Guyana avanza en sus planes para extraer petróleo en las aguas en disputa. Se espera que la producción comience a mediados de 2020