El Gobierno Venezolano intenta retroceder las sanciones de EE.UU. ante la Organización Mundial del Comercio (WTO), incluyendo las impuestas contra sus polémicos esfuerzos de criptomonedas.
La demanda realizada a finales del mes anterior y publicada esta semana, se refiere a una serie de acciones emprendidas por Estados Unidos en los últimos años, alegando que el país está infringiendo los derechos de Venezuela en virtud del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) firmado en 1994 y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS). En particular, la reclamación señala ciertas restricciones impuestas a las transacciones de “moneda digital venezolana”.
Venezuela anunció por primera vez que estaba desarrollando una criptomoneda, el Petro, a finales de 2017. La moneda fue lanzada en 2018 y desde entonces ha sido ordenada para su uso en diferentes industrias por el dictador de la nación, Nicolás Maduro Moros.
Adicionalmente, el petro también ha recibido un rechazo, en particular por parte de los legisladores estadounidenses, que han denunciado la criptomoneda, y más fuertemente por parte del presidente Donald Trump, quien firmó una orden ejecutiva que apuntaba al Petro el pasado mes de marzo.
El descontento de Venezuela afirma que estas sanciones son medidas discriminatorias, coercitivas y restrictivas del comercio.
En particular, explica, que las medidas significan que los servicios financieros venezolanos y los proveedores de servicios financieros reciben un trato “menos favorable” que los servicios y proveedores de otros países miembros de la WTO.
Por esa razón, tales medidas violan el Artículo II:1 del GATS, que establece que ningún país miembro tratará a otro miembro de manera menos favorable que cualquier otro país, según Venezuela.
Estados Unidos tiene 60 días para responder a la denuncia de Venezuela. Si la nación no lo hace, Venezuela puede entonces pedir a la OMC que decida sobre los méritos de la queja.