El fin primordial de este comercio debe ser la protección de la población y son los gobiernos los únicos responsables de garantizarla y de regular el comercio de armas, concediendo o denegando licencias. Solo los Estados pueden imponer suspensiones o embargos de armas, así como prohibir el desarrollo, la producción y el uso de ciertos tipos de armamento.
Sin embargo, no toda la actividad comercial está bien documentada globalmente, ni los envíos de armamento totalmente controlados desde su inicio hasta su destino final. Tampoco se tiene siempre en cuenta de manera exhaustiva el riesgo de que el material vendido pueda ser utilizado para actos donde se vulneren los derechos humanos o el derecho humanitario internacional.
Por cada persona que muere en un conflicto armado, hay muchas más que resultan heridas, sufren tortura, abusos o desaparición forzada, o son tomadas como rehenes o privadas de algún modo de sus derechos humanos por medio de un arma.