VENEZUELA "EL CARACAZO"

El Caracazo o Sacudón fue una serie de fuertes protestas y disturbios en Venezuela durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que comenzó el 27 de febrero y terminó el 8 de marzo de 1989 en la ciudad de Caracas, e iniciados en Guarenas, cerca de Caracas. El nombre proviene de Caracas, la ciudad donde acontecieron parte de los hechos, aludiendo a otro hecho violento ocurrido en Colombia el 9 de abril de 1948, el Bogotazo. El saldo de muertes empezó el 27 de febrero cuando fuerzas de seguridad de la Policía Metropolitana, Fuerzas Armadas del Ejército y de la Guardia Nacional salieron a las calles a controlar la situación. Aunque las cifras oficiales reportan 276 muertos y numerosos heridos, algunos reportes extraoficiales hablan de más de 3000 desaparecidos.

La economía venezolana cayó a partir del endeudamiento que generó el país después del "boom" petrolero en los 70. A partir de ese momento, comenzó una caída paulatina a medida que el Estado venezolano aumentaba su recaudación y gastos. Esto causó una devaluación de la moneda en 1983. A partir de entonces las políticas económicas de los gobiernos de Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi no fueron capaces de frenar las espirales inflacionarias, generando desconfianza en las inversiones y pérdida de credibilidad en la moneda nacional. Algunas de las políticas que emplearon estos gobernantes para frenar los efectos estructurales fueron controles de cambio a través de RECADI (Luis Herrera Campins) y un control de precios (Jaime Lusinchi), medidas que devinieron en corrupción administrativa y mercados negros de divisas y bienes. Sin embargo la quiebra estructural del mercado interno, la falta de Soberanía Económica y Alimentaria, generó una escasez gradual. En 1988 resulta electo Carlos Andrés Pérez en los comicios del 4 de diciembre con 3.879.024 votos (52,91% de los sufragantes), una cifra muy alta, con un discurso populista que apelaba a la justicia social.

Con este gran respaldo electoral, el gobierno de Pérez, en lugar de buscar un cambio hacia la inclusión social, giró al liberar la economía, imponiendo su desregulación a través de un programa de ajustes macroeconómicos promovido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que se le llamó "Paquete Económico", también conocido como "El Gran Viraje", concebido para generar cambios sustanciales en la economía del país dentro del modelo neoliberal. Se anunciaron medidas de aplicación inmediata y otras de aplicación gradual en plazos breves. El paquete comprendía decisiones sobre política cambiaria, deuda externa, comercio exterior, sistema financiero, política fiscal, servicios públicos y política social. Sin embargo, la liberación de precios y la eliminación del control de cambio generó un reajuste sumamente brusco para las personas de menores ingresos, que eran la gran mayoría, lo que derivó en más hambre y desempleo.

A solo pocas semanas de asumir el gobierno el entonces presidente Pérez, se decide poner en práctica de manera inmediata el paquete de ajustes y de medidas económicas, financieras y fiscales. El 26 de febrero el Ministerio de Energía y Minas anuncia el alza en 30% de los precios de la gasolina y el incremento de las tarifas del transporte público urbano e interurbano también en un 30% a partir del 27 de febrero, válido para los 3 meses siguientes, después de los cuales podrían aumentarse hasta el 100%.

Las medidas económicas y sociales impuestas por el gobierno y la creciente tasa de pobreza originaron las protestas populares y la posterior masacre por parte del gobierno de Carlos Andrés Pérez, de su ejército y su policía.

Las protestas se iniciaron en Guarenas (ciudad ubicada a 25 km al este de Caracas), la mañana del 27 de febrero de 1989, también se desatan los saqueos y la violencia en Caracas, la gente de escasos recursos de la capital, en zonas populares como Catia, El Valle, Coche y Antímano, toman el control de las calles. Los canales de televisión transmitían en vivo los hechos, al principio en los sectores populares había protestas pacíficas, pero ante el abuso, la brutalidad y la ineficacia de los cuerpos de seguridad, se producen más enfrentamientos, motines y protestas, cada vez tornándose de forma más violenta.3

En horas de la tarde, había problemas en casi todos los barrios populares y urbanizaciones de Caracas, los comercios habían cerrado y el transporte público no prestaba servicio.

En los días siguientes, los medios de comunicación mostraron imágenes que permitieron ver la magnitud de los saqueos. Durante muchos meses se discutió cómo pudo acontecer algo tan violento en Venezuela.

Protestas violentas también se originaron en otras ciudades como La Guaira, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Mérida y Ciudad Guayana.

Desbordado por los saqueos, el Gobierno declaró el toque de queda, militarizó las ciudades principales y aplastó las protestas con violencia. En la ciudad de Caracas se activó el "Plan Ávila", el cual confería al Ejército la custodia de la ciudad, habilitándolos para el uso de armas de guerra al momento de contener las manifestaciones.

Hay un número de muertos no calculado, organismos de Derechos Humanos hablan de miles, hubo también enormes pérdidas materiales y miles de heridos. El Comité de Familiares de las Víctimas (COFAVIC) determinó con identificación exacta de las víctimas (cédula de identidad, nombre y apellido, circunstancias de la muerte)un número de 380 que siempre se consideró parcial (la lista fue entregada al Ministerio Público). La represión fue especialmente dura en la Universidad Central de Venezuela, así como en los barrios pobres de la capital.4

El poder ejecutivo de Carlos Andrés Pérez, suspendió las garantías constitucionales. Durante varios días la ciudad vivió sumida en el caos, las restricciones, la escasez de alimentos, la militarización, los allanamientos, la persecución política y el asesinato de personas inocentes.

El 2 de marzo, es decir, cuatro días después de iniciadas las protestas, fue fundado -bajo la coordinación de Enrique Ochoa Antich, exdiputado y para entonces Coordinador del Comité para los Derechos Humanos- a las puertas de la morgue de la ciudad el Comité por los Desaparecidos y las Víctimas Inocentes que luego cambiaría su nombre por el de COFAVIC (Comité de los Familiares de las Víctimas). Fue este Comité el que informò a los medios nacionales e internacionales de las dimensiones de la violación masiva y sistemática de los derechos humanos por parte del Estado venezolano durante los sucesos.

Consecuencias
La consecuencia evidente del Caracazo fue la inestabilidad política. El programa de gobierno fue modificado durante el mismo año tras los hechos, pero hacia la derecha. El 7 de marzo se decreta la liberación de precios, volviendo más caros los alimentos. Se acelera el proceso de descentralización con la primera elección directa de Gobernadores y Alcaldes celebrada en diciembre de 1989; lo cual permite un respiro democrático. En 1992 se producen dos intentos de golpe de estado, uno en febrero y otro en noviembre. La creciente desaprobación de la gestión del Presidente Pérez, la ruptura con el partido Acción Democrática, la falta de nuevos liderazgos, la corrupción de la "clase" política y del Bipartidismo tradicional, y el paquete de medidas aplicado tuvo como consecuencia una gran falta de legitimidad del Gobierno de turno y un descontento popular mayoritario.

En marzo de 1993 el Presidente Carlos Andrés Pérez es acusado oficialmente de corrupción y apartado del cargo, asumiendo la Presidencia por decisión del Congreso Nacional (Actual Asamblea Nacional) Ramón J. Velásquez, quien es sucedido por Rafael Caldera tras la convocatoria electoral de 1994. El teniente coronel Hugo Chávez, uno de los organizadores de la primera intentona golpista de 1992, es declarado culpable de dirigir la rebelión militar, siendo encarcelado y luego sobreseído por el Presidente Rafael Caldera, tras lo cual gana las elecciones presidenciales celebradas en 1998.

Como fruto político principal de esta tragedia popular y del descontento de las clases subalternas, salió fortalecido el proyecto liderado por Hugo Chávez, quien luego fuese elegido Presidente en 1998. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó la actuación del gobierno. El Estado se comprometió a indemnizar a las víctimas, hecho cumplido parcialmente en el año 2004 con aquellas víctimas representadas por la organización de derechos humanos Cofavic.5 Sin embargo, a finales de 2006 el gobierno del Presidente Hugo Chávez, a través del Ministerio del Interior y Justicia, anunció mecanismos para indemnizar también a las víctimas que no tuvieron acceso a la Corte Interamericana.