Observatorio Electoral Venezolano y Voto Joven indicaron que el cronograma anunciado el miércoles por la presidente del CNE, Tibisay Lucena, no facilita el cumplimiento de los estándares mínimos para una elección presidencial. Son varios los países de América Latina que tendrán elecciones este año al igual que Venezuela, pero con la gran diferencia que ellos preparan la jornada en un lapso que oscila entre 9 y 18 meses. Aquí en Venezuela en tan solo 72 días.
Expertos consideran que este periodo no permite que los procesos se desarrollen a cabalidad, lo cual compromete su transparencia. Una elección requiere más de 100 actividades electorales para que el proceso se lleve con transparencia y dé confianza del electorado, por lo que cuestionó que el CNE haya anunciado apenas 15 auditorias para esta contienda.
Aníbal Sánchez, técnico electoral, señaló que en esta convocatoria se dejó por fuera las postulaciones de grupos de electores y por iniciativa propia. “Su no consideración cercena el derecho a la participación estipulado en los artículos 62 y 67 de la Constitución”, agregó.
“El proceso comienza con muy mal pie, con muchas irregularidades que dejan en entredicho su legitimidad”. Aseguró que el tiempo para su organización es insuficiente para los procesos técnicos requeridos y para que los partidos de oposición postulen candidatos e informen a la población sobre su oferta electoral.
Precisó que el artículo 48 de la Ley de Procesos Electorales acepta la extensión de esos lapsos fijados por el CNE para esa tarea. Exhortó al organismo comicial garantizar el derecho a las postulaciones de agrupaciones ciudadanas o por iniciativa, indicado en los artículos 49 y 52 de la Lopre.
Esto tiene una jugada política: mientras el presidente Nicolás Maduro “promueve su campaña abiertamente”, hay un sector que aún no termina de definir si participarán ni a su candidato. Tres días para las postulaciones es un muy corto, lo más grave es que eso es dentro de dos semanas.
Las presidenciales violan los derechos políticos de los ciudadanos no solo por el poco tiempo que tienen los electores para informarse y conocer la oferta electoral, sino también por la exclusión de los venezolanos que tienen edad de votar, los que están en el exterior y por las inhabilitaciones de partidos y sus dirigentes.
Son 2,2 millones de venezolanos, excluidos de las futuras elecciones ya que no están inscritos en el Registro Electoral y los que viven en el exterior y no han cambiado de centro de votación. Esto es una violación de los derechos democráticos de los ciudadanos.