Existe en Venezuela una dificultad importante en el ámbito judicial, esta es, la ineficiencia de los tribunales.
Ya sea que el uso del órgano judicial lo requiere un abogado o un estudiante, e incluso otros tribunales, se ve frenado por dicho problema, más específicamente, podríamos hablar de que actualmente, y desde hace ya un tiempo, los tribunales de Venezuela han disminuido su rendimiento produciendo que los procesos se tomen un tiempo realmente largo para por fin obtener las resultas, la justicia se vuelve para algunos inaccesible por la dificultad que se presenta para acceder a los órganos del Estado.
Ninguno de estos problemas es ajeno a nuestra atención, ya que se haya tenido contacto directo o indirecto con las instituciones judiciales del país, es evidente la necesidad de un cambio positivo, porque el problema, si bien es en gran parte la tardanza de los juicios, la producción de una sentencia que, al final es el objetivo del proceso (Römberg, 1992) también contribuye a efectos póstumos de esta deficiencia.
Al tardarse una sentencia de esta manera, pierde eficacia la misma, ya que al obtenerse, la situación probablemente se haya consumado por su misma condición de ser un hecho social y de estar en constante movimiento. Precisamente por esto, y más hoy en día, surgen los procedimientos alternativos para la resolución de conflictos, que en la antigüedad eran representados por grupos de la comunidad que tenían auctoritas, en la actualidad se materializan con la institución del arbitraje o la mediación (Josko de Guerón, 1996), la que funciona de forma subsidiaria a la tradicional y pública facultad de la acción ante el órgano judicial.
La dependencia actual de los procedimientos alternativos termina formando parte de otra gran porción del problema principal, porque si la vía principal no es eficiente, significa que la justicia se ve gravemente afectada, esto debido a que la porción de la población con recursos suficientes para contratar árbitros y a los métodos privados de acceso, tendrá ventaja sobre los demás, que es la mayoría de la población, resultando así en una falta del principio del Derecho de igualdad, ya que el trato que reciben sujetos que cuentan con árbitros la mayoría del tiempo será más efectivo, directo y célere a la hora de dirimir una controversia, luego, el trato que recibirían sujetos que dependen de la precaria eficiencia de los tribunales y de la justicia pública no será tal.
Es importante resaltar que el acceso limitado a la justicia no es un problema actual, es algo que tiene tiempo suscitándose, cultivándose y creciendo. Según estudios hechos por El Observatorio Venezolano de Justicia en el 2015, el Tribunal Supremo de Justicia ha estado coartando otro principio, derecho y carácter de los órganos jurisdiccionales, el de la publicidad. Esto es porque el ya referido tribunal debe hacer anual un informe, el cual de fe de la función del mismo, sin embargo, desde el 2011 este recuento de las decisiones del tribunal se ha visto en una situación de inexistencia. Como sugiere el estudio al que se hace alusión, sólo se cuenta con los discursos de apertura del año judicial que, de manera muy burda y limitada ofrecen alguna información.
La constante decadencia de los tribunales puede a futuro convertirse en algo incluso peor, es por eso que surge a lo largo del mundo una posibilidad rentable y eficaz para contraatacar la falta de organización y celeridad en los tribunales, esto es, las nuevas tecnologías.