Es una situación donde el gobierno indirectamente, está acabando con las familias Venezolanas y separándolas ya que no pueden mantener a sus hijos y se ven obligados a dejarlos en orfanatos, a familiares o personas conocidas, para ver si pueden tener un mejor futuro.
El gobierno no brinda cifras, pero organizaciones privadas dicen que hay cientos de casos en el país. La crisis social y económica acorrala a las familias.
Las tasas de pobreza y hambre aumentan a medida que la crisis económica de Venezuela deja las estanterías de las tiendas vacías de alimentos, medicamentos, pañales y fórmula para bebés. Algunos padres no lo pueden soportar más. Están haciendo lo impensable. Abandonar a sus hijos. “La gente no puede encontrar comida”, me dijo Salazar. “No pueden darle de comer a sus hijos. Los están abandonando, no porque no los quieran, sino porque los quieren”.
Para ingresar a los orfanatos y ver que se hace por parte del gobierno, un funcionario del área de protección infantil -advirtiendo de las condiciones devastadoras, incluyendo la falta de pañales- confió que dicha visita sería “imposible”. Algunos centros privados de crisis para niños se preocupaban porque el acceso a un periodista pudiera dañar sus relaciones delicadas con el gobierno.
Fundana, un imponente complejo de cemento ubicado en lo alto de una colina en el sudeste de Caracas. Su familia había fundado el orfanato sin fines de lucro en 1991, y su madre sigue siendo la principal en su directorio, y su tía, la presidenta. No hay estadísticas oficiales sobre la cantidad de niños que son abandonados o enviados a los orfanatos y hogares por sus padres debido a razones económicas. Aunque las entrevistas con los funcionarios de Fundana y otras nueve organizaciones privadas y públicas que se ocupan de los niños en crisis sugieren que el número de casos es de cientos, o más, en todo el país.
Fundana recibió unos 144 pedidos de ubicación de niños en sus instalaciones el año pasado, comparado con 24 en 2016, y una amplia mayoría de los pedidos relacionados con dificultades económicas.
“No sabía qué más hacer”, dijo Angélica Pérez, 32 años, madre de 3 hijos, casi llorando. Una tarde reciente, apareció en Fundana con su hijo de 3 años y sus dos hijas, de 5 y 14 años. Perdió su empleo de modista hace pocos meses. Cuando su hija menor contrajo una enfermedad grave de la piel en diciembre y el hospital público no tenía medicamentos, gastó sus últimos ahorros comprando un ungüento en la farmacia. Su plan: dejar a los niños en el centro, donde sabía que los alimentarían, y así podría viajar al vecino país de Colombia para encontrar trabajo. Esperaba volver a buscarlos.
Venezuela cayó en una recesión profunda en 2014, golpeada por una caída de los precios mundiales del petróleo y años de malos manejos económicos. La crisis empeoró el año pasado. Un estudio de Caritas en las áreas más pobres de cuatro estados encontró que el porcentaje de niños menores de 5 años que carecen de una adecuada nutrición había aumentado al 71% en diciembre, comparado con el 54% siete meses antes.
El ministerio de bienestar infantil de Venezuela no respondió a los pedidos de comentarios acerca del fenómeno de que los niños son abandonados o ubicados en orfanatos debido a la crisis. El gobierno provee cajas de alimentos gratis a las familias pobres, aunque ha habido demoras ya que los precios de los alimentos se han incrementado.
Durante años, Venezuela tuvo una red de instituciones públicas para niños vulnerables. Aunque los trabajadores de bienestar infantil dicen que las instituciones están colapsando, y que algunas están en riesgo de cerrar debido a la escasez de fondos. Por esto, cada vez más, los padres dejan a sus hijos en las calles.
En el arenoso distrito Sucre, en Caracas, por ejemplo, ocho niños fueron abandonados en hospitales y lugares públicos el año pasado, comparados con los cuatro de 2016. Además, los funcionarios allí dicen que registraron nueve casos de abandono voluntario por razones económicas en servicios de protección infantil en el distrito en 2017, comparados con ningún caso el año anterior. Un funcionario de bienestar infantil en El Libertador, una de las zonas más pobres de la capital, denominó a la situación en los orfanatos públicos y centros de cuidado temporario como “catastrófica”.
“Tenemos graves problemas aquí”, dijo el funcionario, quien habló en condición de anonimato, por temor a las represalias del gobierno. “Definitivamente, hay más niños abandonados. Pero no es sólo que hay más, sino que sus condiciones de salud y nutrición son mucho peores. No podemos cuidarlos”.
Leonardo Rodríguez, que maneja una red de 10 orfanatos, dijo que en 2017 los niños ubicados en sus centros eran casi siempre de hogares con casos de abusos. Ahora recibieron decenas de llamados de mujeres que buscaban dejar a sus hijos para que pudieran comer. La demanda es tan alta que algunas de sus instituciones ahora tienen listas de espera.
La economía de guerra que sufre Venezuela y la próxima farsa electoral que intentará cimentar la dictadura, acentuará el desplazamiento masivo de venezolanos. El 10%, de una población de 31 millones, ya ha emigrado y el 60% de los hogares tienen un familiar en el exterior. La cuestión de los refugiados venezolanos empieza a ser una preocupación de alcance regional que requiere solución, ya que prácticamente toda Latinoamérica alberga un número creciente de refugiados por el hambre, falta de salud y libertad. Los dos países más afectados son Colombia y Brasil. Ambas fronteras están colapsadas y al borde de la emergencia social. Lo mismo podría ocurrir en Panamá, Trinidad y Tobago o Ecuador. Otros, como Perú, República Dominicana y Costa Rica se encuentran en el límite de la capacidad de recibir inmigrantes. En la Argentina, por ejemplo, la presencia venezolana se duplico en el 2017. La agencia de Naciones Unidas para los refugiados ha señalado que las solicitudes de asilo se han triplicado, salvo las que corresponden a Estados Unidos que se multiplicaron por 37 desde 2013. Esos datos por sí mismos sugieren la necesidad de una estrategia de apoyo internacional para asistir al tránsito, ingreso, inserción y asentamiento de los migrantes. También en lo que hace al otorgamiento de visas humanitarias. Venezuela debería recibir cuidadosa atención de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el ACNUR. Hasta ahora no ha ocurrido con el énfasis suficiente aunque ambas oficinas en Caracas facilitan la movilidad de estudiantes y trabajadores calificados brindando pasaje aéreos internacionales y otros apoyos diferentes de asistencia.
Por el momento,el éxodo ha sido en general de venezolanos con nivel educativo y algún tipo de recursos económicos. La crisis humanitaria pronostica un 2018 más complejo y delicado como lo demuestra el caso trágico de los balseros venezolanos. La próxima ola podría incluir a sectores más vulnerables. Es importante empezar a prever esa posibilidad para evitar las consecuencias no queridas que suelen afectar a muchos de los desplazamientos de población por falta de residencia, permisos laborales o de oportunidades. El problema incluye a las comunidades indígenas que viven en las fronteras con Brasil y Colombia que han tenido que dejar los territorios de origen. Colombia, que alberga 800 mil venezolanos, estudia con Naciones Unidas instalar un campo de refugiados.
El alcance del dramático fenómeno migratorio venezolano exigen la responsabilidad de actuar y que la cuestión sea de atención primordial de la próxima Cumbre de las Américas en Lima en concordancia con los pronunciamientos previos de la OEA en materia migratoria. Esto significa, entre otras cuestiones, la adopción de un programa de asistencia internacional más acorde con la emergencia que garantice el acceso de los refugiados y el principio de no devolución, otorgar derecho de asilo además de asistencia legal como seguridad alimentaria, servicios de primeros auxilios incluyendo los psicológicos que faciliten espacios integración. También para evitar los riegos de xenofobia. Es igualmente importante que la Comisión de Asuntos Migratorios de la OEA , junto con la OIM y el ACNUR, con o sin el consentimiento de Nicolás Maduro, se aboque con urgencia a la crisis de los refugiados venezolanos incluyendo asistencia técnica a los países más afectados.
CADA VEZ MÁS, LOS PADRES DEJAN A SUS HIJOS EN LAS CALLES.
En el distrito de Sucre en Caracas, por ejemplo, ocho niños fueron abandonados en hospitales y espacios públicos el año pasado, en comparación con cuatro en el 2016. Además, los funcionarios dicen que registraron en el distrito nueve casos de abandono voluntario por razones económicas en un centro de servicio de protección infantil en el 2017, en comparación con ninguno el año anterior. Un funcionario de bienestar infantil en El Libertador, una de las zonas más pobres de la capital, calificó de “catastrófica” la situación en los orfanatos públicos y los centros de atención temporal.
“Aquí tenemos graves problemas”, dijo el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato por temor a las represalias del gobierno autoritario. “Definitivamente hay más niños abandonados. No es solo que haya más, sino que sus condiciones de salud y nutrición son mucho peores. No podemos ocuparnos de ellos”.
Con un sistema público abrumado, la carga recae cada vez más en instalaciones privadas administradas por organizaciones sin fines de lucro y organizaciones benéficas.
Leonardo Rodríguez, quien maneja una red de 10 orfanatos y centros de atención en todo el país, dijo que en el pasado, los niños colocados en sus centros casi siempre eran de hogares donde habían sufrido abuso físico o mental. Pero el año pasado, las instituciones recibieron docenas de llamadas, hasta dos por semana, de mujeres desesperadas que buscaban entregar a sus hijos para que pudieran alimentarlos. La demanda es tan alta que algunas de sus instalaciones ahora tienen listas de espera.
Para hacer frente al aumento de la demanda en Fundana, la organización abrió una segunda instalación en Caracas con la ayuda de donantes privados. Pero aún tenían que rechazar docenas de solicitudes para recibir niños. En Bambi House, el segundo orfanato privado más grande de Venezuela, las solicitudes aumentaron en un 30 por ciento el año pasado, dijo Erika Pardo, su fundadora. Los bebés, otrora en gran demanda de adopción, también se quedan más tiempo ahora bajo el cuidado de la organización.
“Las familias adoptivas están pidiendo niños mayores porque los pañales y la fórmula son imposibles de encontrar o muy caros”, dijo. El número de mujeres embarazadas que buscan poner a sus hijos en adopción también ha aumentado.
José Gregorio Hernández, dueño de una de las principales agencias de adopción de Venezuela, Proadopcion, dijo que en el 2017, su organización recibió de 10 a 15 solicitudes mensuales de mujeres embarazadas que deseaban dar a luz a sus bebés, en comparación con una o dos solicitudes al mes en el 2016. La organización tuvo que rechazar a la mayoría de las mujeres. Aceptó 50 niños en el 2017, en comparación con los 30 del 2016.
Dayana Silgado, de 28 años, cuando llegó al nuevo centro de alimentos de Fundana para padres que sufren la crisis económica. Silgado parecía agotada. Los omóplatos en su delgado cuerpo sobresalían por la parte superior de su camiseta.
En noviembre, entregó a sus dos hijos más pequeños a Fundana después de perder su trabajo como empleada de limpieza de la ciudad durante una ronda de recortes presupuestarios. Ella sabía que en este centro recibirían tres comidas al día.
Fundana no acepta niños mayores, por lo que Silgado aún estaba tratando de alimentar en su casa a sus dos hijos mayores, de 8 y 11 años.
La leche, las sardinas y las pastas gratuitas que ofrece el centro la ayudan. Pero no es suficiente.
Después de cenar, dijo Silgado, sus hijos le piden: “Mamá, quiero más”.
“Pero no tengo nada más que darles”, dijo
“PARA MUCHAS FAMILIAS VENEZOLANAS, EL HAMBRE REPRESENTA UNA OPCIÓN INSOPORTABLE”.
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