Mencionaba el Presidente José Tadeo Monagas en una de sus cartas más polémicas que "la Constitución sirve para todo". Refleja esta frase uno de los elementos que promueve la decadencia del ordenamiento jurídico en Venezuela, así como el potencial peligro que se puede generar a partir de la aplicación de tal noción en cualquier contexto.
La tensión existente entre la política y el derecho ha sido un tema tratado en diversos círculos académicos. Hay quienes consideran que el derecho, concebido como un orden, se encuentra completamente condicionado por conveniencias políticas o intereses, de modo que este es presentado como una expresión de los anteriores, sin autonomía, como una frágil construcción respecto de la sólida realidad del poder. Dificilmente podríamos encontrar una concepción mas perniciosa y nociva de la relación entre el derecho y la política, pues si asumimos que el primero se encuentra sometido a los intereses políticos de turno, a las conveniencias circunstanciales, llevará inevitablemente a una situación en la cual ni los ciudadanos ni los funcionarios del Estado observarán a la legalidad como un valor en si mismo.

Asumir al derecho como un sistema por completo plegado a la conveniencia política es sin duda alguna una de las concepciones mas perniciosas para la vida institucional de la Nación. Esto significa, entre otras cosas, exterminar el necesario sentido de permanencia del orden jurídico puesto que las normas cambiarán variablemente de acuerdo a la intención de gobierno de turno; se deja a un lado la ineludible certeza que debe tener el ciudadano acerca del derecho, porque la cúpula dominante pretenderá aplicar arbitrariamente una u otra norma; y, mas perjudicial aún, hace imposible exigir de manera creible a los ciudadanos el cumplimiento moral del Derecho, pues desde esta perspectiva este responde simple y llanamente a los intereses de aquellos que estan en el poder, lo cual acarreá el aumento de la coacción en el ejercicio del gobierno, puesto que no se está en condiciones de pedir a la ciudadanía un cumplimiento espontáneo de la ley.

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Así las cosas, no se debe asumir al derecho como un orden carente de significado autonómico respecto de la política. Es claro que la elaboración del derecho responde a intereses individuales o colectivos y la idea del predominio riguroso de este no supone la negación de los últimos, lo que se quiere decir es que al elaborarse el sistema jurídico este debe cumplir con criterios de racionalidad, coherencia, vinculación material y legitimidad. Evidentemente, estos criterios no pueden ser simplemente llenados por una mera conveniencia política, sino que pertenecen al ámbito de autonomía del derecho. El derecho pretende regular las relaciones entre los individuos y construir un sistema en el cual eso sea posible y, claro está, pretender construir un sistema solamente sobre la base de la imposición de intereses políticos no comprende el arte de elaborar derecho, sino otra cosa.

Se ha evidenciado notablemente que en Venezuela y en otras Naciones, aquellos que detentan el poder tienen esta noción puramente pragmática de lo jurídico. Cuando sancionan o ejecutan leyes que, a sabiendas, son contrarias a la Constitución lo que demuestran es el escaso convencimiento de que esta debe ser cumplida, aún cuando pudo haber sido diseñada por ellos mismos. Ampliar los límites constitucionales y querer llevar a cabo acciones que entrañan una intención meramente política bajo su amparo lo que implica realmente es una paradoja: Cuando se pretende utilizar a la Constitución solo como un instrumento para justificar cualquiera de los propósitos del poder, nos encontraremos pronto con que esta dejara de ser susceptible para ser utilizada, pues al forzarla con el objeto de lograr cualquier interés que se persiga lo que realmente se consigue es destruirla. La ironía consiste en que al asumir que "la Constitución sirve para todo", esta pierde un elemento esencial: Su valor legitimador, su prestigio, aquello que convence a los ciudadanos de que existe una norma suprema que debe ser cumplida a pesar de los intereses políticos que pudieran presentarse y en vez de eso, lo que percibimos a partir de su utilización convencional es una representación teatral. No es verdad que la Constitución pueda ser usada para todo, les aseguro que incluso el Presidente José Tadeo Monagas lo reconocería después de que en 1847 pretendiera utilizar descaradamente a la norma suprema para sus intereses, tomando en cuenta la grave crisis y las demás consecuencias que ello implicaría.