La resolución 587 del Ministerio de Salud, publicada en la Gaceta Oficial número 40.777, establece que existen más de 500 medicamentos de uso obligatorio que el estado venezolano debe suministrar y garantizar su acceso a toda la población. Esta resolución va en concordancia con los valores y requerimientos básicos pedidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el reconocimiento de un Estado responsable y vigilante de la salud y calidad de vida de sus ciudadanos.
Según la Organización No Gubernamental Voto Joven, la calidad de vida de los venezolanos ha sufrido un deterioro progresivo en los últimos siete años evidenciado principalmente en la gran escasez de productos de primera necesidad.
Los venezolanos acuden a diferentes farmacias en busca de sus tratamientos y la escena casi siempre es la misma, terminan saliendo con las manos vacías.
Los hospitales del país tampoco escapan de esta situación, los pacientes se ven obligados a buscar por su cuenta las medicinas e insumos médicos que necesitan para lograr su sanación o al menos aliviar el malestar que los aqueja.
“No hay”, es la respuesta más frecuente proferida por los farmaceutas y demás empleados de los diferentes locales de expendio de medicinas ante la constante solicitud, por parte de sus clientes, de antibióticos, antihipertensivos, antihistamínicos, antiespasmódicos, antidepresivos, antiretrovirales y medicinas para el control de la diabetes y el Parkinson.
El Ejecutivo Nacional ha preferido guardar silencio ante esta grave situación, no existe ningún pronunciamiento oficial que explique a los venezolanos las causas de ésta problemática y mucho menos una posible solución.
En enero de 2016 el Parlamento declaró una "crisis humanitaria de salud" que, entre otras cosas, era sustentada en la falta de disponibilidad de 872 fármacos esenciales, esta acción desencadenó la única declaración oficial que se ha emitido en aproximadamente 3 años de escasez.
Fue el 22 de Enero de ese año cuando la ministra del Poder Popular para la Salud, Luisana Melo, declaró que la estadística de escasez de insumos hablaba “del uso irracional de los medicamentos", problema que sería resuelto a través de la aplicación de una política de abastecimiento que se focalizaría en garantizar "los medicamentos que realmente eran necesarios".
En menos de dos meses, estas declaraciones cumplirán dos años y la problemática de entonces ha ido en aumento, mientras los ciudadanos continúan a la espera de soluciones gubernamentales.
La regulación de los precios de algunos medicamentos por la Ley de Precios Justos terminó agudizando el problema, puesto que los laboratorios privados que históricamente habían surtido el mercado farmacéutico nacional mermaron su producción o cerraron sus puertas ante una quiebra inminente, quedando como principal productor de medicinas el Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR).
El SEFAR no ha podido cubrir con la cuota de fabricación y, de 20 millones de fármacos requeridos, sólo se alcanzó a fabricar 714 mil unidades, según cifras aportadas por la periodista Maidolis Ramones Servet del diario El Panorama.
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Jesús González, médico residente del Hospital Central Dr. Miguel Pérez Carreño, develó que de los 40 tipos de este medicamento que necesita el hospital, solo llegaron cinco hace poco, lo cual incumple los estándares mínimos requeridos establecidos internacionalmente.
El Hospital Central Dr. Miguel Pérez Carreño llegó a ser, en sus mejores tiempos, un referente latinoamericano al ganarse la fama de contar con los mejores especialistas en el área de rehabilitación y prestar una implacable calidad de servicio en todas las demás áreas. Hoy el prestigio y la buena atención han quedado en el pasado según testimonios de pacientes y el personal que allí labora, y al recorrer algunos otros centros de atención médica se puede constatar que la realidad es similar, el Pérez Carreño es sólo una reflejo de lo que se ve en el resto del país.
José Manuel Olivares, diputado opositor por el Estado Vargas declaró que en el país no hay medicamentos para tratar el cáncer, la diabetes, la tensión, las convulsiones o el Parkinson, así como tampoco pastillas anticonceptivas, analgésicos y antipiréticos, entre otros.
“A veces los pacientes fallecen no tanto por la enfermedad, sino por la falta de medicamentos”, indica Jacqueline Suarez, quien ha laborado en el área de emergencias de éste hospital durante 17 años.
A las afueras del Hospital Materno Infantil de Caricuao Dr. Pastor Oropeza, se encuentra Raquel una madre desesperada al haber recorrido un buen número de farmacias y no haber conseguido los antibióticos que su hija requiere para superar una infección respiratoria. La bebé de 1 año fue evaluada, por el médico de guardia, dos horas y media después de su llegada. Éste informó a Raquel que la paciente requería nebulización inmediata, pero, que debía buscar otras opciones pues en el hospital no contaban con mascarillas ni soluciones para realizar las nebulizaciones.
Sin embargo, una de las enfermeras del hospital se le acercó tímidamente para comentarle que, a las afueras del centro hospitalario se encontraba otra enfermera con la que seguramente encontraría las medicinas y equipos necesarios para la recuperación de su hija, aunque con un pequeño recargo de hasta diez veces su valor comercial. Es así como los venezolanos no se enfrentan sólo a la escasez y falta de dotación de medicinas, sino también a la recomercialización de las mismas, denominada popularmente como “bachaqueo”.
Actualmente existen sólo dos formas de adquirir medicinas en el país, pagar los altos costos de las pocas medicinas con las que cuentan las farmacias o acudir a los bachaqueros de medicinas, quienes cuentan con un stock mucho más variado y surtido que el de las primeras.
Según un estudio de la ONG Voto Joven durante los primeros 21 días de noviembre el precio de algunas medicinas se ha elevado entre 300 y 400 %; sin embargo, la escasez de medicamentos es notoria en los anaqueles de las farmacias. El estudio señala que también los genéricos han disparado sus precios de venta en hasta 300 %, tal es el caso de Genéricos Venezolanos (GerVen) y Galeno Química.
A juicio del diputado opositor por el Estado Anzoátegui, José Brito, el nuevo aumento de los medicamentos en nuestro país, es un exterminio silencioso contra las familias de menos recursos económicos y, fundamentalmente, contra los niños y adultos mayores.
El parlamentario considera que los nuevos ajustes en el precio de las medicinas, afecta a la gran mayoría de los venezolanos, especialmente a los jubilados, pensionados y aquellos trabajadores que dependen de un salario mínimo.
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Venezuela Convite, organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos de la salud, señaló que el índice de escasez de la canasta básica de medicinas para el tratamiento de la hipertensión, la diabetes, la diarrea y las infecciones respiratorias agudas, a escala nacional llegó a 90% en el pasado mes de septiembre.
Cifras que coinciden con las suministradas por el Presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, quien asevera que la escasez de medicamentos en el país ha alcanzado un 95% de desabastecimiento; y con lo expresado por el Presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela (FEFARVEN), Freddy Ceballos, quien aseguró que el país vive una "crisis humanitaria" producto de las fallas en el abastecimiento de medicamentos, que estima en un 80 %.
Ceballos enfatizó que la escasez de medicamentos para diversas terapias "es una situación nunca antes vista", porque antes, "cuando se tenía una falla de un 15 %, era un alerta para el gremio farmacéutico". De igual modo, criticó que "el Estado no acepte lo que sucede en el país" y señaló que los problemas de desabastecimiento "se pueden solventar con los organismos internacionales".
Desde su elección en diciembre de 2015, la Asamblea Nacional ha propuesto la apertura de un canal humanitario que permita el ingreso al país de alimentos y medicinas con el fin de ir subsanando los efectos de la crisis que atraviesa el país.
Sin el consentimiento del Ejecutivo Nacional no puede concretarse la ayuda humanitaria, puesto que esta requiere de dos factores determinantes para llevarse a cabo: la voluntad de un organismo o una nación que desee otorgarla y la disposición de recibir los donativos por parte del gobierno que va a ser beneficiado.
En varias oportunidades la Federación Farmacéutica de Venezuela ha responsabilizado al Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), organismo encargado de otorgar las divisas para la importación de medicamentos y materias primas, de no otorgar las suficientes divisas al sector farmacéutico.
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Ante cualquier problema lo que sobran son culpables, para algunos la guerra económica, para otros el bachaqueo, unos señalan a CENCOEX, otros culpan al Ministerio, pese a la diversidad de hipótesis, la más convincente acerca del origen de ésta crisis es la planteada por la Asamblea Nacional y ratificada por el Ministerio Público.
María Eugenia Sader Castellanos, Médico Pediatra y Coronel de la Aviación venezolana, ostentó el cargo de Ministra del poder popular para la salud (desde el 28 de mayo de 2010 hasta el 21 de Abril de 2013) en el gobierno del fallecido Presidente Hugo Chávez.
Durante su gestión le fue otorgada una partida de seiscientos sesenta y tres millones, seiscientos mil dólares ($ 663.600.000,00), destinados a la construcción de centros hospitalarios y dotación e importación de medicinas.
Un Cardiológico en el Distrito Capital, un Oncológico en el estado Miranda, un hospital general y toxicológico en Barinas, un materno infantil en Apure, y otros dos hospitales generales en Guárico debieron ser construidos durante la gestión de la Coronela.
Las pesquisas realizadas por la Asamblea Nacional y el Ministerio Público coinciden en el hallazgo de 68 contenedores de equipos médico quirúrgico y medicamentos vencidos en el Almacén de Medicamentos e Insumos Médicos Robotizado Jipana (dependiente del SEFAR), ubicado en los Valles de Tuy, Estado Miranda.
La memoria y cuenta de su gestión llena de inconsistencias numéricas y argumentales sustentan las dos órdenes de detención que pesan sobre la exministra, su hijo y siete funcionarios que ocupaban diferentes direcciones en el ministerio durante su gestión.
El Diputado opositor Ismael León aseguró que “la Coronela Eugenia Sader, ex ministra de la salud, recibió 9,1 millardos para solventar la crisis hospitalaria, tenemos las pruebas del mal manejo de estos recursos, se pagaron obras que quedaron inconclusas. Cómo es posible que hablen de corrupción y no pongan a la orden del Ministerio Público a esta señora, este dinero le fue robado a los venezolanos, nadie puede hacer política jugando con la vida de los seres humanos”.
Por su parte el primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional aclaró que “No solamente hubo desfalco y desvío de fondos públicos, sino que además jugaron con la salud de los venezolanos de menos recursos y que son quienes más se verían beneficiados. Es criminal que se haya asignado 1.5 millardos de dólares para unos hospitales y que al día no se tenga ni los hospitales ni el dinero. Esta es otra muestra más de que una cúpula roja se llenó los bolsillos mientras hablaba en nombre de los pobres”
Mientras el país aguarda con ansias la rendición de cuentas a la justicia por parte de Sader, un gran número de venezolanos se encuentra, gracias a las consecuencias de su gestión, a la espera de la muerte.
Foto Por César R. Pinto
