La limitación de los pagos en efectivo por importes superiores a 1.000 euros suele presentarse como una medida dirigida a combatir el fraude fiscal: acotando las posibilidades de pagar a través de una moneda cuyo movimiento no deja ningún tipo de registro o de trazabilidad supone poner coto a la cantidad de operaciones que son susceptibles de efectuarse en la sombra y sin factura. Ahora bien, fijémonos en que el Ministerio de Hacienda está tratando de combatir un delito (el fraude fiscal) por la vía de criminalizar actividades que hasta la fecha no eran ilícitas y que no hay motivo justificado para que empiecen a serlo (pagos en efectivo). Se trata, por consiguiente, de una política dirigida a recortar las libertades de los ciudadanos (el derecho a emplear en las transacciones entre dos partes aquel medio de intercambio que ambas aceptan) para, presuntamente, contrarrestar un mal mayor (la pérdida de capacidad recaudatoria por parte del Tesoro).
En momentos de crisis presupuestaria, no parece complicado concitar el apoyo a tal propuesta de una cierta mayoría social que, en efecto, prefiere emplear cualquier medio a su alcance para combatir el fraude antes que sufrir nuevos recortes. Mas no deberíamos minimizar las potenciales repercusiones negativas de esta carrera hacia la total erradicación del efectivo. De entrada, una economía sin efectivo es una economía donde, como decíamos, todas nuestras operaciones comerciales quedan registradas y son potencialmente fiscalizables por el Estado: un grado de control que acaso algunos crean que sólo podrá utilizarse para lo que ellos entienden como “el bien” (luchar contra el fraude) pero que desde luego también podría emplearse para “el mal” (Estado policial). Pero, sobre todo, la restricción de los pagos en efectivo coloca a la población a merced de la banca: en ausencia de otras monedas alternativas que Hacienda también irá tratando de domeñar —como Bitcoin—, todo pago deberá efectuaré a través de las entidades financieras. Los ciudadanos careceremos de la posibilidad de salirnos del circuito bancario y operar sin pasar por sus cuentas En tal caso, la banca disfrutará de mucho mayor poder de negociación para incrementarnos caprichosamente sus comisiones: queramos o no, tendremos que recurrir a ella. Semejante potestad, en un contexto macroeconómico en el que muchos bancos centrales están abogando por trasladar los tipos de interés negativos a las cuentas corrientes de los ciudadanos, constituye un auténtico peligro que podríamos terminar pagando muy caro.