Las asociaciones han acordado movilizaciones en abril en las sedes judiciales de todo el país y una huelga en mayo si sus reivindicaciones no son atendidas.
Nuevo incendio para el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Las cuatro asociaciones de jueces y tres colectivos de fiscales ha emitido este lunes un comunicado conjunto donde anuncian que si el Gobierno no agiliza y despolitiza la Justicia convocarán una huelga el próximo 22 de mayo.
Según el calendario de medidas anunciadas, las asociaciones han acordado movilizaciones para el jueves 5 de abril, a las 13.00 horas, en las sedes judiciales de todo el país; una concentración en Madrid el 14 de abril y, a continuación y si siguen sin ser atendidas sus reclamaciones, paros parciales de una hora (de 12 a 13 horas) los jueves de cada semana durante un mes. Como última medida los togados anuncian que irán a la huelga el próximo 22 de mayo.
En el citado comunicado, jueces y fiscales sostiene que después de haber suscrito un documento con “14 propuestas para la mejora de la Justicia” en junio de 2017 el balance “no puede ser más decepcionante”. Los magistrados y fiscales sostienen que “no parece haber una mayoría clara en el Parlamento favorable a reformar el órgano de gobierno de la judicatura conforme a lo propuesto por las cuatro asociaciones judiciales, ni tampoco un proyecto de independencia del Ministerio Fiscal, ni un compromiso firme de los grupos parlamentarios por alcanzar un Pacto de Estado por la Justicia”.
Desde la Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia, Asociación Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales se critica que “el Consejo General del Poder Judicial ha hecho caso omiso a nuestra propuesta sobre nombramientos judiciales, conforme a criterios de mérito, capacidad, igualdad de género y transparencia”.
Asimismo, los representantes asociativos añaden que se “sigue sin cumplir con su obligación legal de fijar las cargas de trabajo, como le recuerda la reciente sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional”.
Las asociaciones también resaltan que el Gobierno ha renunciado a incrementar el número de miembros de la Carrera Judicial y Fiscal “a fin de ir equiparándolo a la media europea” y que “no hay rastro de la racionalización de la planta judicial y fiscal, evitando así la precarización de las últimas promociones”.
Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales ya advirtieron a Justicia de que se movilizarían si no atendía sus reclamaciones sobre la situación profesional y económica del sector y sus peticiones sobre la mejora en la calidad de la Justicia.