La injusticia contra mi hijo Marco
Acababa de almorzar cuando un muchacho vino corriendo a avisarme que mi hijo Marco había sido detenido por la policía porque no llevaba en ese momento la cédula de identidad. Él había ido a la barbería de William, un joven que improvisaba ese oficio para paliar los efectos de la crisis económica desde las sombras de un almendrón en el patio de su casa. La distancia que separa la barbería a cielo abierto de nuestra casa es apenas de ochenta metros. Desde allí pude ver la camioneta Hi Lux de color blanco en la que se hallaban montados otros cinco muchachos que habían acudido al negocio de William a cortarse el pelo.
Sin perder tiempo me presenté ante los funcionarios con la cédula de mi hijo para que lo bajaran, pero el jefe de la comisión me aseguró que lo llevarían al comando de Ciudad Ojeda para ver si tenían antecedentes penales. En el acto le aseguré que jamás había sido detenido. Todavía en sus veintisiete años estaba bajo mi protección desempeñándose como dibujante y soldador en una pequeña firma publicitaria que fundé a mediados de 2010 y tuve que cerrar a comienzos de 2017 por la crisis que atraviesa Venezuela. Como yo tenía la certeza de que en el despistaje penal iba a salir airoso, retorné a mis quehaceres y una hora después acudí a la delegación policial en Ciudad Ojeda para saber si aún estaba allí. La sorpresa que me llevé fue grande y aterradora cuando pregunté por qué seguía privado de libertad si solo iba a cumplir con un procedimiento de rutina.
Antes de que me apersonara en el comando, ya lo habían hecho los padres de los otros muchachos detenidos quienes tuvieron que soportar la misma sorpresa como si hubiesen recibido un baño de agua fría. A cada uno le pidieron trescientos mil (300.000 bs.) como condición para ser liberado, de lo contrario pasarían a la orden de la fiscalía por la comisión del delito: “Hurto de material estratégico de la nación”, después de ser capturados en “flagrancia” en un sector conocido como “Caño la O”, que se encuentra a quince kilómetros de la barbería de William en el sector San Benito de la parroquia El Danto de donde realmente se los llevaron. A los muchachos después de ser golpeados, fueron desnudados para ser encerrados en una celda común. Luego vino un policía con una cámara fotográfica para hacerles la reseña junto a un trozo de cable de aluminio, (puesto allí como utilería) a fin de simular el material que sería usado como prueba para comprometerlos en la comisión del delito antes referido.
Antes de retirarme impotente del comando cerca de las nueve de la noche de aquel aciago 23 de agosto de 2016, uno de los funcionarios a quien conocía de vista se acercó para decirme que era muy lamentable que la institución a la que él pertenecía se degradara a niveles tan repulsivos. Aquel procedimiento se llevaba de manera rutinaria en los últimos dos años por dos razones: la primera, para justificar las estadísticas del cuerpo policial. Es decir, cuando la delegación no tiene los números que demanda la línea superior en Caracas, los funcionarios los inventan apelando a este modo repudiable sin importarle la violación de derechos fundamentales en nombre de la justicia que ellos aseguran representar. Segundo, aun considerando lo anterior, pudieran concederle libertad, pero pagando la cuota que ellos soliciten o se les antoje, tomando en cuenta que sus salarios se han achicado a niveles de miseria producto de la hiperinflación.
Al siguiente día tuve que madrugar a los tribunales en la ciudad de Cabimas para hacerle seguimiento a la presentación de mi hijo. A las doce del mediodía lo vi descender esposado de un vehículo cerrado junto a los cinco muchachos de mi vecindario. Se veían cansados y soñolientos. En seguida busqué en el tribunal un fiscal del Ministerio Público para que lo asistiera, solo encontré a una dama mayor como de cincuenta años con marcadas ojeras y un semblante de moribunda. No era para menos: me mostró una larga lista con los nombre de las personas que asistiría en las audiencias de ese día.
Entonces por recomendación de los familiares de los otros muchachos opté por contratar un abogado privado, quien luego de hacer las diligencias preliminares me informó, casi con las mismas palabras que me diera el policía la noche anterior, pero con ligero matiz leguleyo: “Es un típico caso de extorsión de las autoridades, y que una vez cumplida la presentación de los detenidos la fiscalía los manda a soltar porque ya no hay espacio para albergar tantos detenidos, siempre por la misma causa”.
A la seis de la tarde de ese día, soltaron a Marco bajo régimen de presentación semanal. Ahora no puede buscar trabajo, porque cada lunes debe presentarse en los tribunales de Cabimas por una causa que no cometió en un país donde no existe Estado de Derecho y donde la enseñanza de la Ética y la Moral institucional hace tiempo se perdió y para más tragedia, cayó sin remedio por un oscuro y profundo despeñadero.