El pasado 7 de enero, se publicó en Gaceta Oficial, a pesar que la misma relata al 28 de diciembre de 2018 como fecha de emisión, un decreto sobre el pago de impuesto a quienes trancen con moneda extranjera y criptomonedas. Con una vaga composición de 8 artículos, el decreto exonera del pago a operaciones de los títulos valores negociados en la bolsa de valores, así como la exportación de bienes y servicios, realizadas por los órganos o entes público, creando una brecha discriminatoria entre sector público y privado.
¿Qué significa este decreto?
De forma muy superficial estamos observando como el Estado trata de adquirir divisas, casi de manera desesperada, tomando como base el acelerado crecimiento de adopción y masificación de uso de las criptomonedas en el territorio nacional.
A pesar que la moneda local en Venezuela es, únicamente, el Bolívar, el uso de divisas (dólares, euros, las más tranzadas) se ha hecho pan de cada día, llegando al punto de comercializar bienes básicos con ellas. Esto sin contar que solo un grupo de personas son las que reciben dólares preferenciales, y el resto de la población lucha con una hiperinflación no solamente en bolívares, sino también en dólares.
El cumplimiento de este decreto, en materia de criptomonedas, está directamente relacionado con el papel de las casas de cambio reguladas por la Superintendencia de Criptoactivo (Sunacrip), es decir, en caso de ser necesario por las autoridades competentes, las casas de cambio están obligados a dar información pertinente para continuar con el proceso de cobro del impuesto.
La desesperada búsqueda de dolares en el territorio se ha reforzado por su uso masificado en diversos comercios, donde es mas rentable cobrar en dólares, incluso se habla de una inflación en la moneda estadounidense
Solo resta esperar el anuncio de las medidas a ejercer por parte de los entes gubernamentales, y ver si las aplicaciones resultan ser no tan superfluas y poco concretas como lo fue el decreto en cuestión.
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