El mercado ilegal de sustancias prohibidas es una de las principales amenazas para conseguir la paz y la justicia social en gran parte de latinoamérica. La guerra social se alimenta del crimen organizado vinculado mayormente al narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas y tejido humano.
La necesidad de finalizar de una vez por todas la guerra contra las drogas se ve reforzada cuando observamos los múltiples daños que genera en diversas áreas de convivencia (sociales, políticas, económicas, sanitarias, etc). El fin de la ineficaz y nefasta guerra contra las drogas debe ser un objetivo primario para la seguridad hemisférica, ya que representa un camino viable hacia el necesario reajuste estratégico de las fuerzas de seguridad del continente.
Para esto necesitamos saber de qué estamos hablando cuando se dice “despenalización” “regulación” y “legalización” de sustancias.
La despenalización, a diferencia de la descriminalización, contempla modificaciones a las legislaciones de la mayoría de países del continente. Al despenalizar una o varias sustancias, no sólo se des-criminaliza el consumo o venta de dicha sustancia, sino que se terminan las penas criminales para las personas que usan drogas (PQUD). El objetivo de la despenalización es ahorrar tiempo y dinero a los sistemas judiciales y penitenciarios, permitiendo una mayor calidad de vida a las PQUD y favoreciendo la implementación efectiva de recursos destinados a combatir al crimen organizado. Esto se cumple cuando se deja de ver a las PQUD desde lo penal para pasar solo a combatir las Organizaciones de Tráfico de Drogas (OTD).
La regulación implica que el Estado se hace parte del mercado al suministrar las sustancias mientras regula la producción, venta y las políticas sanitarias asociadas (educación, prevención, rehabilitación, etc.). En este modelo se busca fortalecer a las autoridades de Salud y Educación Pública en sus respectivas áreas, pues actualmente poseen poco y en ocasiones nulo espacio de competencia en cuanto a la implementación de políticas públicas de Reducción de Daños y Gestión de Riesgos. Por lo general en nuestra región los Gabinetes de Seguridad, monopolizan la planificación de las acciones de prevención, rehabilitación y represión. Regulando el mercado existente las fuerzas de seguridad se pueden enfocar realmente al combate al crimen organizado.
La legalización se encuentra en el extremo opuesto al actual modelo prohibicionista. Algunas drogas fuertes que ya son legales son el azúcar, el alcohol y el tabaco (por mencionar algunas). Los modelos de legalización apuntan a someter a las reglas del libre mercado las sustancias por hoy fiscalizadas.
Teniendo claro lo anterior, considero mencionar que lamentablemente gran parte de las comunidades de fe en latinoamérica , y sobre todo en aquellas de corte más fundamentalista, existe mucha desinformación sobre la temática y la gran cantidad de aristas que esta toca. Desde el punto de vista teológico, todas y todos aquellos que profesamos una las religiones abrahámicas sabemos o deberíamos saber que como humanos estamos llamados a la mayordomía de la creación. Esto significa que no podemos estar de acuerdo con una ley que busca el exterminio (la extinción) de uno o varias especies de plantas medicinales como la cannabis, coca, amapola o psiloscibinas por mencionar algunas.
No podemos concordar con leyes que atenta contra la creación, la dignidad humana y que tienen apenas unas cuantas décadas de existencia en las que sólo ha demostrado su ineficacia. En conclusión las comunidades tradicionales y la población en general necesitan un mayor estudio de la problemática.
Es tiempo de exigir a nuestros funcionarios que impulsen un debate multidisciplinario, amplio, serio, basado en los hechos, los derechos humanos y la justicia.
Por una nueva política de drogas, ¡Regulación Ya!
Para apoyar mi trabajo por la Reforma de las Políticas de Drogas y en defensa de los derechos escenciales