“Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.” Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 20)
La protesta pacífica forma parte de los derechos fundamentales de todo ser humano, puesto que se desprende del derecho a la reunión y del derecho a la libertad de expresión. Es por ello que los gobiernos del mundo están en la obligación de garantizar el libre ejercicio de este derecho, cumpliendo así con lo estipulado en los distintos tratados internacionales.
Aun así, históricamente hemos visto como en américa latina (con una larga lista de dictaduras militares en su haber) los derechos humanos aquí mencionados no siempre han sido debidamente respetados. Los casos más recientes y que han sido notorios ante el mundo y la opinión pública fueron los de las protestas en Venezuela (Abril 2017-Julio 2017), y Nicaragua (Abril 2018-actualidad). Dichos periodos han sido de gran turbulencia social, en ambos casos fueron decisiones políticas puntuales, que están fuera del enfoque del presente artículo, las que activaron la protesta pacífica callejera, haciendo que decenas de miles de personas tomaran vías, calles y autopistas para manifestar su desacuerdo respecto a la gestión política de sus gobernantes, clamando por el respeto de sus derechos y de la voluntad popular.
En estos países el elemento represivo se hizo presente erigiéndose como protagonista y dejando muchas decenas de muertos (130 fallecidos en el caso de Venezuela y más de 300 en Nicaragua) producto de una represión criminal que viola los tratados internacionales de derechos humanos. En ambos escenarios, que son objeto de análisis en este artículo, puede apreciarse claros síntomas de un ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil, algo que en el caso de Nicaragua ha sido confirmado por distintos juristas especialistas en derecho internacional y por las ONG y organizaciones en defensa de los derechos humanos. En el caso de Venezuela luego de un año de las atroces agresiones contra el pueblo, la comunidad internacional se ha organizado para oponerse férreamente a las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen venezolano.
Durante estos periodos de protestas tanto la actuación policial, como el accionar parcializado de instituciones estadales y declaraciones violentas de altos mandatarios del gobierno, dejaron entrever como la represión formó parte de una política de estado para amedrentar y someter a la población con el fin de evitar la protesta pacífica. A continuación se señalan algunas “irregularidades” ocurridas tanto en Nicaragua como en Venezuela en tiempos de protesta social.
Constante intervención de grupos irregulares afines al gobierno
De todos los hechos ocurridos durante las manifestaciones, uno de los más notorios y aberrantes fue la frecuente actuación de la policía nacional en conjunto con grupos paramilitares, armados con municiones de guerra exclusivas del ejército nacional. Esto como el resto de eventos listados en esta sección ocurrió en ambos países latinoamericanos, quizás el caso de Nicaragua fue aún más escandaloso, donde estos grupos pro-gobierno atacaban a la población con armamento de alto calibre como es el caso de lanzacohetes RGP-7, todo con total complicidad de la policía nacional.
Uso de francotiradores en contra de la población civil
Otro hecho que forma parte de esta estrategia de represión fue el uso de individuos adiestrados para la tarea de seleccionar manifestantes de entre la multitud y dar disparos a la cabeza. El año pasado incluso antes de que empezara a emplearse de manera regular por la Guardia Nacional Bolivariana en las protestas de Venezuela, ya se había filtrado un audio de líderes militares planificando la selección de estos francotiradores, en la grabación se oye claramente como los militares expresan que esto formaba parte del plan del gobierno para que la gente dejara de protestar en las calles.
Criminalización de los manifestantes
Altos mandatarios de ambos países mantuvieron idéntica postura en cuanto al discurso utilizado a la hora de referirse a los manifestantes diciendo que eran “terroristas de derecha” financiados por los Estados Unidos para dar un golpe de estado, justificando de esa forma la brutal represión en contra de la protestas pacíficas, al calificar al manifestante como “el enemigo” y supuesto integrante de una fuerza extranjera, que busca violar la soberanía nacional y cambiar la forma republicana de gobierno en favor del presunto invasor.
Violación a los acuerdos internacionales
Según todos los acuerdos internacionales de derechos humanos la forma correcta de dispersar (nunca reprimir) una protesta que comience a tornarse violenta es mediante armamento incapacitante, no letal. Lo cual ha sido claramente irrespetado por las fuerzas de seguridad del estado tanto en Nicaragua como en Venezuela, utilizando armas de fuego así como otro tipo de proyectiles igual de letales como metras, etc. Dejando un gran saldo de muertos a su paso. Este grado de represión fue en aumento al pasar las semanas, por orden gubernamental con la creación de operativos violentos, en Venezuela el presidente creó el llamado “Plan Zamora”, el cual dividió en 3 fases, y a medida que aumentaba de fase, mayor era el número de fallecidos por la represión. En Nicaragua se anunció recientemente la “Operación Limpieza” que en un solo día dejo un saldo de 24 muertos.
Torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas
Según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, parte I, artículo 7, estos tres delitos, al igual que el de asesinato, constituyen crímenes de lesa humanidad y fueron delitos constantemente perpetuados por las fuerzas de seguridad de estos países, infringiendo dolor a jóvenes estudiantes por medio de severas torturas físicas y psicológicas, así como tratos inhumanos, crueles y degradantes, llevados a cabo de forma generalizada y sistemática con golpizas, descargas eléctricas, quemaduras en el cuerpo (con cigarrillos)y demás practicas perversas. Igualmente un importante número de manifestantes, periodistas, políticos opositores y activistas de derechos humanos fueron víctimas de detenciones, privándolos de su libertad de forma arbitraria.
Obstrucción a la justicia y violación al debido proceso
El gobierno nacional no solo evadió su responsabilidad en los crímenes, si no que impidió que se hiciera justicia, alterando la evidencia y dejando impune a los responsables de ejecutar los homicidios. De igual forma los cientos de detenidos no gozaron de condiciones justas y transparentes siendo víctimas de un sistema jurídico corrupto y parcializado que vela por los intereses gubernamentales.
Conclusión
Es lamentable ver como en pleno siglo XXI se siguen violando de manera flagrante los derechos fundamentales de los seres humanos, en américa latina, específicamente en Nicaragua y Venezuela, países donde el derecho a la vida es vulnerado continuamente, causando gran dolor, y el desplazamiento de miles de sus habitantes. El derecho a la libertad de expresión lejos de ser respetado es satanizado, visto por sus gobernantes como un insecto repugnante que hay que pisotear por completo. Estados donde las libertades personales y los valores democráticos son continuamente menoscabados por regímenes represivos y totalitarios, en los que pensar distinto te convierte en un indeseable y disidir de un sistema perverso y lleno de injusticias te convierte en un “terrorista”, una amenaza que hay que eliminar. Por lo que es imprescindible que la comunidad internacional no se desentienda y vele por que se respeten los derechos de estos pueblos, y así evitar posibles genocidios.
Fuentes:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44775857
https://es.wikipedia.org/wiki/Protestas_en_Nicaragua_de_2018
https://www.lapatilla.com/2018/07/01/paralelismo-comunista-en-nicaragua-la-gente-huye-del-pais-para-salvar-su-vida/
https://www.laprensa.com.ni/2018/07/12/politica/2447536-gobierno-de-nicaragua-arrecia-ataques-contra-opositores-politicos-y-activistas
http://www.eluniversal.com/internacional/13644/cidh-realiza-visita-sorpresa-a-carcel-de-nicaragua-con-manifestantes-presos