El fiel cumplimiento de la principal normativa legal sobre la seguridad laboral en Venezuela, entiéndase Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), dependerá de las actuaciones y procedimientos llevados a cabo por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) el cual es el Ente Rector y organismo público del estado venezolano encargado de cumplir y hacer cumplir las políticas constitucionales orientadas al resguardo de la salud integral de los trabajadores en su entorno laboral. Ahora bien, al ser el INPSASEL un organismo del estado venezolano, es decir público, NO DEBE, hacer distinciones y displicencias entre empresas públicas y empresas privadas. Sin embargo, hemos observados con preocupación que años atrás (y actualmente todavía) los trabajadores de la empresas públicas no cuentan con la misma protección y vigilancia que debe aplicarse al sector privado, por ejemplo, no disponen de suficiente o mejor dicho carecen de equipos de protección personal y sus condiciones de trabajo son las más inseguras en comparación con el sector privado. Por otro lado, hemos visto como el Ente Rector ha enfilado sus” baterías sancionatorias” contra el sector privado originando que el patrono, el que pueda, (las grandes empresas por supuesto), cumplan con los requerimientos de la seguridad laboral; mas sin embargo, las pequeñas y medianas empresas se vean afectadas significativamente y en algunos casos hasta se llegue al cierre o quiebra de la misma con las consecuencias que todos conocemos para una maltrecha economía como lo es la venezolana.