El Ministerio de Salud le está negando la medicación a 115.000 personas que tienen el diagnóstico de la hepatitis C, de las cuales 500 “se encuentran en una situación crítica“, según reveló un informe de la fundación Soberanía Sanitaria. Su vicepresidente, Federico Kaski, contó que “hay un Estado que se está retirando de un derecho que hasta ahora estaba garantizado”.
El Sofosbuvir es la medicación que, combinada con otras dos drogas -Daclatasvir o Simeprevir-, logran eliminar el virus del organismo tras un tratamiento de entre 12 y 24 semanas. “Antes de 2013 no existían estas drogas y la única forma de tratar esta enfermedad era con quimioterapias muy severas, con muchos efectos adversos, que no eran bien toleradas por las personas y solían abandonar los tratamientos”, contó Kaski.
Intereses poderosos están detrás de ese tipo de tratamientos, como el caso del laboratorio Gilead Sciences, “una industria multinacional conformada en gran medida por capitales especulativos“, que vende cada pastilla a un precio altísimo y lo varía dependiendo el PBI del país en el que la comercializa.
“Lo que hace esta empresa multinacional es revolucionar, en el peor sentido de la palabra, la comercialización de drogas en el mundo. Hasta ese momento, un laboratorio que había desarrollado una droga inflaba mucho los números de investigación y desarrollo y, decía: ‘Esta droga la voy a vender cara’. Este laboratorio dice: ‘Voy a vender esta droga lo que cada Estado me la pueda pagar. No importa cuánto me costó producirla’. Hoy producir esa pastilla al laboratorio le cuesta entre 3 y 7 dolares, pero hay países en los que la vende a mil dolares”, contó
¿El Estado argentino le está negando los remedios a las personas con hepatitis C para que la empresa Gilead Sciences pueda hacer negocios de alta rentabilidad? Kaski, que durante el gobierno anterior fue secretario de Promoción y Programas Sanitarios, además de subadministrador de la ANMAT, expresó: “No encuentro muchas otras explicaciones”.
La droga ya existía y se le descubrió ese nuevo uso de forma casual, por lo cual no puede ser patentada. En 2015 la ANMAT aprobó su llegada a la Argentina y el Ministerio de Salud -en ese entonces bajo la gestión kirchnerista-, inició un procedimiento de compra que en abril de 2016 fue ampliado por última vez. “Desde ese momento hasta ahora, no se ha adquirido nuevo Sofosbuvir, y ha pasado más de un año”, señaló Kaski.
La quita del Sofosbuvir puede causar la muerte o, en el mejor de los casos, que el paciente acceda a una lista para recibir un transplante hepático, algo que de todos modos obliga a “tomar medicación de por vida” y “vivir con condiciones que nos son las mismas que las de antes del transplante”.
Kaski explicó que, además, si uno se pone frío con los números, “es una administración totalmente ineficiente de los recursos del Estado“, porque los trasplantes “implican un gasto para el Estado, que es muchísimo más grande que el de comprar el medicamento para tratarle la enfermedad”.