Venezuela, en la última década, ha editado varias políticas, con la finalidad de garantizar el desarrollo económico de la nación, tratando de incentivar al sector productivo; al mismo tiempo que se observa la preocupación por brindar a la población el acceso a los bienes y servicios, con ofrecimiento de aumentar y asegurar la calidad de vida de toda la población.
Sin embargo, probablemente, estas medidas implementadas que deberían girar en torno al beneficio de todos los sectores, lejos de esto han provocado opiniones negativas, que permiten asegurar el total fracaso de dichas políticas, en vista de que, éstas de cierta manera coaccionan el normal funcionamiento de las actividades comerciales, y distorsionan teorías, que a lo largo de los años se han utilizado para dirigir el sector productivo y comercial; tal es el caso, de la ley de oferta y la demanda, la cual afirma que el mercado es quien determina el precio del producto, y que a mayor demanda mayor será el precio.
Es de interés mencionar que desde el año 2014, se promulgo una Ley que regula el precio de los bienes y servicios en Venezuela, conocida como la Ley Orgánica de Precios Justos, la cual fue una modificación de la ley anterior llamada ley de costos y precios justos. Esta modificación, establece una serie de normas para garantizarle al usuario bienes y servicios a precios justos, con la finalidad de proteger el salario, esto debido a que en la actualidad, diversas situaciones originadas por las políticas económicas establecidas, han ocasionado que los empresarios deban incrementar el precio, con el fin de salvaguardar su capital y conservar el negocio en marcha, lo que a su vez ocasiona que los niveles inflacionarios superen las expectativas planteadas. Trayendo como consecuencia un caos total, en la economía nacional, que afecta a todas las empresas que operan dentro del territorio.
En una economía sana, la oferta y la demanda son las fuerzas que hacen que funcione el mercado. Asimismo, determinan la cantidad que se produce de cada bien y el precio al que debe venderse. Sin embargo, los empresarios hoy día tratan de dominar el mercado, fijando los precios y condiciones comerciales. Hechos que no se corresponde con referencias internacionales, ni obedecen a una estructura de costos justificable.
Ahora bien, en este país latinoamericano, donde la generalización de prácticas especulativas en una situación económica cambiante y en declive, produce niveles inflacionarios excesivos, que terminan erosionando, tanto el poder adquisitivo de la población, como el potencial de las pequeñas y medianas empresas. El estado se ha visto en la necesidad de crear instrumentos legales con medidas “proteccionistas” al consumidor; con la finalidad de controlar al sector productivo, el cual necesariamente ha tenido que reevaluar sus costos de producción, así como también los márgenes de ganancia. En tal sentido se edita la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ), gaceta oficial número 40.340 (2014) cuyo objetivo es:
Asegurar el desarrollo armónico, justo, equitativo, productivo y soberano de la economía nacional, a través de la determinación de precios justos de bienes y servicios, mediante el análisis de las estructuras de costos, la fijación del porcentaje máximo de ganancia y la fiscalización efectiva de la actividad económica y comercial, a fin de proteger los ingresos de todas las ciudadanas y ciudadanos (Art. 1).Referencia
Asimismo, se crea la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE) como órgano regulador de esta normativa, quien determinará, controlará y fijará los precios de los bienes y servicios. De igual forma, establecerá la categorización de bienes, servicios y sujetos; pudiendo dictar los parámetros para fijar los precios justos. De igual manera, se establece una serie de sanciones por el incumplimiento de la LOPJ, que va desde multas, hasta revocación de licencias en ejercicio autorizado en territorio nacional, por parte de los comerciantes.
Por lo tanto, se puede decir que la LOPJ surge como una medida de equilibrio, en secto¬res desbalanceados, por la forma indiscriminada como se han establecido los precios de bienes y servicios a nivel nacional. Todo esto, aunado a una serie de políticas de control cambiario, definidas por el Centro Nacional de Comercio Exterior; (Cencoex) (2014) como; “un instrumento de política cambiaria que consiste en regular oficialmente la compra y venta de divisas en un país. De esta manera, el Gobierno interviene directamente en el mercado de moneda extranjera, controlando las entradas o salidas de capital”.
No obstante, lejos de beneficiar al sector productivo, se pudiera estar afectando la calidad y rentabilidad de la empresa privada, pues lo que antes se importaba con mucha facilidad, ahora se enfrenta a un estricto control que genera retrasos en el proceso productivo de la misma, por ende, se conlleva a la escasez y la poca probabilidad de que la actividad en particular sea rentable.
Pudiera ser difícil entonces, conjugar, el control de precios con la rentabilidad, cuando las actividades comerciales o productivas se realizan con el fin de generar riqueza con la mejor utilización de los recursos, y que además permita la permanencia en el tiempo de las empresas, igualmente la existencia de un estricto control de cambio que da como resultado, el retraso en la reposición de inventarios o existencia, para el normal funcionamiento de las empresas de distribución y servicios y por lo tanto poca rotación de activo a través de las ventas.
