La cuestión álgida del momento es cómo combatir la hiperinflación que azota nuestro país, y son muchos quienes claman por las fórmulas tan estudiadas en la materia por innumerables economistas eruditos, que se centran en limitar el exceso de liquidez, dolarizar, etc. De no seguir sus recetas, los pesimistas anuncian un destino semejante al de Zimbabue para nuestro país, con los famosos sacos de billetes para poder comprar el más mínimo objeto de consumo diario. Auguran igualmente, no sin cierta razón, que quitarle ceros a la moneda no resolverá nada en sí, al no atacar las raíces estructurales del problema. ¿Pero acaso limitar la liquidez no sería en sí una maniobra arbitraria por parte de un ente central, que perjudicaría en especial a los sectores más vulnerables de la población? Objetivamente, que un banco central le reste puntos decimales al circulante, sobre todo ante una inflación ya campante, no difiere demasiado de que este decida subir las tasas de interés, solo que se tratan de medidas ex post y ex ante respectivamente, pero donde la eficacia de la última sería algo dudosa en las condiciones actuales, en las que de todas formas nadie se atrevería a ahorrar.
Pienso que los pesimismos subestiman la capacidad de improvisación de nuestro pueblo y de desafiar el sentido común de formas inesperadas para seguir a flote - aunque no se puede negar que el costo también ha sido alto, y más que “inventar o errar”, es bastante lo que se ha “inventado y errado”. No obstante, creo que salir airosos de la pesadilla económica actual requiere partir de todas nuestras fortalezas, de nuestra pericia e ingenio propios, en vez de tratar de apegarnos a rígidos esquemas (cosa que mal hemos sabido hacer a lo largo de los años), menos aún a recetas neoliberales, cuya doctrinaria aplicación demuestra además ser cada vez menos inmune a un mundo que vive cambios profundos, perturbado por las nuevas tecnologías, y que exige con urgencia un orden financiero más justo.
“Todo lo que sube baja”, pero no al revés, reza el pesimismo. Sin embargo, en el caso de los países, suele suceder precisamente lo contrario, y muchos de los más ‘desarrollados’ de hoy en día a su vez pasaron por profundas dificultades, sin las cuales tal vez no hubieran podido reinventarse ni lograr sus significativos avances. Nuestra actual crisis nos presenta también con una oportunidad inédita de surgir de las cenizas como el ave fénix, trazando al mismo tiempo otros rumbos posibles para el resto del mundo.
Sin más rodeos, pasaré ahora al plano de las propuestas, con ánimo de abordar el tema en términos prácticos.
Algo que nos diferencia marcadamente del caso de Zimbabue es el nivel de penetración de los medios de pago electrónicos en nuestro país, mientras que el dinero en efectivo se hace cada vez más escaso, lo cual abre la posibilidad de que podamos convertirnos en el primer país que logre prescindir por completo del dinero en efectivo en su sentido clásico.
Esto sin duda supone ciertos desafíos, pero que no son insuperables:
En vez de imprimir más billetes (o mandarlos a imprimir arriesgadamente en el exterior a un costo cada vez más oneroso en medio del bloqueo económico, como ya se demostró una vez…), los billetes que circulan actualmente podrían convertirse simplemente en ‘vales’, cuyo valor oficial sea actualizado mensualmente mediante Gaceta Oficial o publicado en la página del BCV. El valor impreso en los billetes pasaría a ser un simple identificador del vale. Así, el billete “BsF. 100” pasaría a valer BsF. 160 en junio, luego 180 en julio, por poner un ejemplo hipotético. Al mismo tiempo, al retener valor de esta forma, los antiguos billetes - ahora vales - no serían gastados con tanta rapidez y mermarían menos el poder adquisitivo de los pensionados, entre otros grupos más vulnerables, con menor acceso a los medios de pago electrónicos.
Se puede incentivar el canje de dinero en efectivo que circula actualmente por un monedero virtual del BCV, de uso fácil y accesible a toda la ciudadanía mediante mensaje de texto (pero sin posibilidad de agregarle fondos electrónicos para evitar el abuso del sistema, o por lo menos que requiera ir a un cajero para ‘retirar’ los fondos de una cuenta bancaria al monedero, con límites máximos diarios y mensuales, como si se tratara de dinero en efectivo real). Cualquiera podría ir a una entidad bancaria o punto autorizado por el BCV y pedir que le conviertan los billetes en saldo en dicho monedero virtual, cuyo valor también se actualizaría mensualmente, de acuerdo al punto 1 anterior. Una vez afiliada la persona, pagarle a alguien sería tan sencillo como colocar el número de teléfono o cédula de identidad del destinatario en el celular del remitente, seguido por el monto, y enviar el mensaje de texto al número de la central. Ejemplo: un simple mensaje de texto con “04161234567 500000” o “V12345678 500000” enviado a un número “0” para pagarle a alguien BsF. 500.000, sin necesidad de aplicaciones o teléfonos complejos. Para quienes no dispongan de teléfono propio, incluso se podría acceder al monedero llamando gratuitamente a un número especial desde cualquier teléfono celular o fijo (mediante clave), y desde donde también se podrían realizar pagos de la misma manera por vía de un sistema automatizado (como cuando uno accede a su buzón de voz desde otro teléfono). Incluso teniendo teléfono propio, muchos seguramente optarían únicamente por esta última opción. Podrá decirse que las medidas de seguridad no son suficientes así planteadas, sin embargo, el riesgo de robo no sería mayor a que uno pueda perder sus billetes de la forma que sea, tampoco se trataría de cantidades significativas. De cierto modo, el Carnet de la Patria ya opera de forma comparable pero complementaria.
Habiendo neutralizado - mediante las dos medidas anteriores - la principal limitante de tener que imprimir cada vez más billetes para tratar de mantenerse a la par de una inflación galopante, ya no habría nada en principio que le impida al BCV restarle puntos decimales a la moneda cuando sea necesario, y de forma prácticamente automática, sin necesidad de una costosa reconversión monetaria tradicional. Por ejemplo, cada vez que el salario mínimo oficial supere seis o x cifras, la moneda perdería automáticamente un punto decimal, lo cual se vería instantáneamente reflejado en los saldos en cuentas bancarias, también en el valor actualizado de los ‘vales’ en efectivo, tal como se plantea en el punto 1 más arriba. De igual modo, se actualizaría el tipo de cambio oficial con respecto al Petro y demás monedas convertibles. La regularidad misma de esta medida actuaría para frenar los aumentos en los precios hasta cierto punto, del mismo modo que – a la inversa – los aumentos de sueldo disparan la inflación. Esto permitiría en principio soportar una inflación ad infinitum (contrariamente al caso de Zimbabue) con el menor costo posible y protegiendo ante todo la capacidad de compra de la población más vulnerable.
Claro está que las medidas anteriores actúan más como ‘cortafuegos’ que soluciones a largo plazo, y tarde o temprano el gobierno tendrá que equilibrar sus cuentas para que el país retome el rumbo hacia una recuperación duradera, sin que esta sea de corte neoliberal.
Ante la caída de los precios del petróleo, cuyo reciente repunte se ve comprometido por una producción a la baja, junto al endurecimiento del bloqueo económico, urge la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos. Vale la pena recordar que países como Ecuador surgieron de su crisis gracias a sus diásporas en el exterior, donde las remesas jugaron un papel determinante, más que por vía de la producción o exportación de productos. La creciente diáspora venezolana tal vez no tenga las mismas características, pero por lo menos una proporción privilegiada de esta estaría en capacidad de ayudar al país en este grave momento.
En este sentido, una estrategia que puede dar frutos en el corto a mediano plazo sería la introducción de un impuesto progresivo a la propiedad, donde quienes posean propiedades ubicadas en zonas de alta demanda o por encima de cierto valor objetivo tengan que pagar más, como de hecho ya se aplica en muchos países, incluyendo Singapur y Dinamarca. La gran mayoría de propietarios, por debajo de la media, no pagaría nada adicional a los minúsculos impuestos municipales, etc. que pagan actualmente. Quienes estén sujetos al nuevo impuesto podrán comprobar su estatus por medio de una página web de acceso abierto o entrando a su cuenta en la página del SENIAT. Aquellos que residan en el país, podrán cancelarlo directamente en la moneda nacional. En cambio, aquellos propietarios que estén sujetos al nuevo impuesto y hayan estado fuera del país más de cierto tiempo (por ejemplo, durante el último año fiscal o más, lo cual podría comprobarse mediante los movimientos migratorios proporcionados por el SAIME), tendrían que cancelar la cantidad correspondiente en Petros, lo cual aportaría divisas que se invertirían en la continuidad de la inversión social o en fortalecer las reservas nacionales. Para ello, sería necesaria la coordinación entre el SENIAT, el SAREN y el SAIME.
La implementación de dicho impuesto debe ser humanista y justa, con los necesarios períodos de gracia. Sin embargo, a modo de garantizar su eficacia, no puede dejar de estar acompañada de penalidades disuasivas en caso de incumplimiento: el monto adeudado podría duplicarse después de cada año de impago; después del tercer año y tras un último aviso, el Estado podría embargar la propiedad por un período de 5 a 10 años, sin que el propietario pierda la titularidad (en vez de devolvérsela a los bancos o subastarla, como sucede en ciertos países), teniendo el propietario la posibilidad de recuperar el disfrute de su propiedad al final de este período, una vez cancelada la totalidad del impuesto adeudado. Entre tanto, la propiedad en cuestión sería puesta a disposición de la ciudadanía, mediante una modalidad de alquiler público de vivienda, lo cual contribuiría a limitar la especulación inmobiliaria y fortalecer el derecho a la vivienda y a la ciudad, haciendo menos necesaria una expansión urbana cada vez menos sostenible.
A su vez, dicho sistema de alquiler público podría estar subvencionado - incluso ofrecerse gratuitamente - por un período de hasta tres años, después del cual se incrementaría para favorecer la rotación y beneficiar a la mayor cantidad posible de personas o familias, especialmente en el caso de las viviendas que se encuentren en las zonas de alta demanda, donde se concentran las oportunidades. De esta forma, una familia del interior del país tendría acceso gratuito a la capital durante cierto tiempo, con la posibilidad de acceder a las oportunidades que ofrece la ciudad, pero donde el incremento progresivo del alquiler (después 6 meses o de 3 años, dependiendo del nivel de demanda en la zona) motive a que dicha familia o personas decidan seguir en la vivienda pagando más, o le cedan su espacio a otras, para que también puedan acceder con facilidad a la ciudad y a sus oportunidades durante cierto tiempo. Esto evitaría, e incluso revertiría, el ciclo vicioso en el que las viviendas concebidas inicialmente con fines sociales en lugares de alto valor del suelo acaban siendo apropiadas por la clase media, lo cual alimenta la exclusión urbana y hace proliferar indirectamente los asentamientos informales y precarios. A largo plazo, también podría cambiar el perfil demográfico de ciertos municipios, haciendo que se conviertan en lugares dinámicos de tránsito para una población trabajadora y diversa, originaria de todo el país, en vez de ser claustros de exclusividad.
Los expertos advierten de los peligros de crear dinero por encima de los bienes y servicios que se intercambian en la economía real, siendo la hiperinflación su brutal expresión final. Sin embargo, es posible pensar la inflación en sí como un estímulo a la producción, al motivar que uno gaste su dinero lo más rápidamente posible, ya sea en comida, servicios o bienes que conserven valor, en vez de ahorrarlo. Por otra parte, si producimos es precisamente para poder ahorrar y lograr así mayor seguridad, bienestar y estabilidad, sin lo cual tampoco podremos producir bien lo que necesita la sociedad, y seguiremos apostando por otras formas disfuncionales de conservar valor. Esto también ha llevado a una situación sumamente adversa y de tranca en el plano del mercado inmobiliario, del acceso a la vivienda y de garantizar el derecho continuo a la ciudad, a pesar del enorme impulso de la Gran Misión Vivienda Venezuela, lo cual actúa como una especie de ‘enjaulamiento’ de la sociedad e impide su avance cualitativo.
Las medidas expuestas buscan hacer frente a los efectos más agudos de la inflación en un corto a mediano plazo, como táctica de resistencia, al contrarrestar en términos prácticos la disfuncionalidad e incertidumbre creadas por esta, junto a nuevas formas de liberar valor y de justicia territorial que permitan al país recobrar definitivamente su equilibrio y bienestar, todavía en revolución.
George Azariah-Moreno