Representantes de dos organizaciones formadas por exiliados venezolanos en EE.UU. presentaron este miércoles en los consulados de España y Panamá en Miami una carta para pedir que los embajadores en Caracas de los dos países no regresen a sus puestos.
La carta está dirigida al jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, y al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y también será entregada mañana en las embajadas de los dos países en Washington, según dijo a Efe el presidente de la “Coalición Internacional por Venezuela, unidos en una sola voz”, Freddy Solórzano.
El pasado 25 de enero el Gobierno de Venezuela declaró persona no grata al embajador español en Caracas y el de España hizo lo propio con el venezolano en Madrid, pero ambos Gobiernos acordaron el pasado día 18 restablecer el diálogo con vistas a una normalización de las relaciones diplomáticas.
En la carta se afirma que dicha decisión del Gobierno español “no la entiende el pueblo venezolano”, porque el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, “fue destituido por los diputados de la Asamblea Nacional por el caso Odebrecht y otros delitos”.
Además, señalan, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio iniciará “muy pronto” un juicio a Maduro, a quien la Coalición y la Junta Patriótica de Venezuela, que también firma la carta, consideran un presidente “ilegal”.
En el caso de Panamá, también el Gobierno de ese país retiró a su embajador en Caracas, al igual que hizo Venezuela con el suyo en la capital panameña, a raíz de una crisis desatada en marzo pasado por la publicación de una lista de 55 venezolanos, entre ellos Maduro, considerados de “alto riesgo” en materia de blanqueo de capitales.
Tanto Varela como Maduro se han mostrado dispuestos a solucionar la crisis entre los dos países.
En la carta, los exiliados señalan que enviar de nuevo embajadores a Caracas crearía “una peligrosa confusión” que “seguramente será aprovechada por los capos” de la “delincuencia trasnacional organizada” que ha “secuestrado” a Venezuela.
“Ustedes están en conocimiento de la violación de los derechos humanos y del debido proceso contra los que protestan”, así como de la “población hambrienta y enferma”, señala la carta.