El gobierno nacional autorizó a principios del mes de mayo las operaciones con remesas a través de casas de cambio y servicios de envío, en convenio con empresas internacionales especializadas en esa actividad. La tasa de cambio de referencia para dichas operaciones se desprende del resultado de las subastas realizadas a través del DICOM, tal como lo establece el convenio cambiario N° 39. Sin embargo, las empresas autorizadas para la recepción de remesas publican en sus portales digitales una tasa muy por encima a la que publica el BCV luego de realizadas las subastas, por ejemplo tras la subasta N°18, el tipo de cambio se ubicó en Bs. 80.000/US$, mientras que la tasa ofrecida para el pago de remesas ascendió a Bs. 2.200.000/US$ (una tasa muy próxima al dólar paralelo).
La explicación de esta brecha se debe a que lo que publica el BCV como resultado de cada subasta es en realidad el monto mínimo ofrecido en cada convocatoria, mientras que la que se utiliza para el cambio de remesas corresponde al rango máximo de cotización. De lo anterior se desprenden dos elementos de mucha importancia, en primer lugar, que algunas cotizaciones incluso dentro del mercado oficial se aproximan a las observadas en el mercado paralelo, y por otra parte, al permitir que las casas de cambio operen con dicha tasa, el gobierno está de facto validando esta cotización y avanzando en la legalización del “dólar criminal” como lo denominan algunos voceros gubernamentales.
Pero más allá de la evidente falta de coherencia en la definición de una política cambiaria, está el hecho de que el gobierno requiere fuentes alternas para la obtención de divisas, lo cual explica la convergencia entre el tipo cambio para las remesas y las operaciones del mercado paralelo. Efectivamente, el gobierno necesita ofrecer un tipo de cambio que incentive la legalización del envío de dinero desde el exterior, debido a que en la actualidad la mayoría de estas transacciones se realizan a través de intermediarios privados sin que exista un flujo de divisas hacia el país, ya que en realidad tales operaciones se liquidan en moneda nacional en el sistema financiero venezolano, mientras que las divisas se transan (y se quedan) en bancos extranjeros.
Es necesario señalar que si las autoridades económicas del país deciden flexibilizar el mercado cambiario, existe la posibilidad de utilizar la enorme liquidez disponible en la banca pública para la compra a precios de mercado de las divisas enviadas por venezolanos en el extranjero. Si el estado se constituye en el principal comprador de éstas divisas, además de lograr acumular un estimado de 100 millones de dólares al mes, podrá canalizarlas con mayor fortaleza a través de los mecanismos oficiales de asignación, neutralizando con ello la fijación arbitraria del tipo de cambio por parte de operadores privados. Si se desea derrotar la especulación cambiaria, es necesario ante todo que las autoridades monetarias del país recuperen su papel rector en el mercado de divisas, valiéndose de los recursos e instrumentos financieros con los que cuenta el BCV y la banca pública. De igual forma, tal iniciativa debe estar enmarcada en un plan integral de estabilización y recuperación económica.
