El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, dominado por funcionarios leales al presidente Nicolás Maduro, ha anunciado que las elecciones presidenciales en ese país serán, finalmente, el próximo 22 de abril. Con esta medida, el Poder Electoral acata la solicitud hecha por la Asamblea Nacional Constituyente chavista de celebrar los comicios de forma anticipada, antes del 30 de abril.
Tibisay Lucena, presidente del Poder Electoral, que tenía mucho tiempo sin hacer comparecencias públicas, anunció además que la campaña electoral de los partidos que competirán se desarrollará entre el 2 y el 19 del mismo mes, en un brevísimo período que apenas abarca dos semanas.
El anuncio se ha hecho oficial casi inmediatamente después de que fracasaran las conversaciones entre el chavismo y la oposición venezolana, al no poder concretar ningún acuerdo satisfactorio. El presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, mediador de aquellos encuentros, declaró el proceso “pospuesto indefinidamente”. Dos días atrás, Tania D ´Amelio, rectora del CNE, había declarado que el organismo estaba “evaluando los distintos escenarios”, y “en sesión permanente” para anunciar la fecha de los comicios.
Parte medular de lo que estaban discutiendo las delegaciones del chavismo y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) consistía en acordar un marco razonablemente transparente para poder pactar una consulta electoral que tenga credibilidad.
La delegación chavista, presidida por el actual ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, había consentido la emisión de una declaración genérica en la cual se admitía la presencia de observadores internacionales y se aludía a la importancia de un marco proselitista equilibrado y con garantías.
El chavismo se negó en todo momento a acordar unas elecciones que fueran después de abril, y en permitir el nombramiento de los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral, en virtud de que varios de los actuales, que han sido acusados reiteradamente de obrar para favorecer en todo momento a Nicolás Maduro, tenían además el período constitucional de su cargo cumplido.
Los dirigentes de la oposición, encabezados por Julio Borges, proponían que las elecciones debían ser, como mínimo, en el mes de junio, y exigieron a la delegación de Maduro que suscribiera un acuerdo en el cual quedara establecido cómo, y en qué plazos, iban a instrumentarse las medidas que garantizarían la igualdad de acceso a los medios televisados en materia de mensajes y spots televisivos; el veto al uso de los recursos públicos en la campaña y el comportamiento profesional y equilibrado de las Fuerzas Armadas el día de la consulta.
La MUD argumentaba, además, que unas elecciones en abril colocarían al país ante la insólita paradoja de tener un presidente en funciones y un presidente electo cohabitando durante ocho meses, puesto que la toma de posesión del nuevo mandatario debe tener lugar, por disposiciones constitucionales, en el mes de enero. Históricamente, durante al menos 50 años, las elecciones en Venezuela se han organizado en el mes de diciembre. Borges denunció que la delegación chavista abandonó la República Dominicana sin dar respuesta a sus planteamientos.
Hasta el día de ayer, los voceros políticos chavistas involucrados en el proceso de diálogo desplegaron una intensa campaña declarativa para propagar la idea de que el acuerdo entre los delegados de Maduro y los dirigentes opositores era ya un hecho.
Jorge Rodríguez había sacado una pluma en público, para dar la idea de la inminencia del hecho, y sugirió que, si este no se concretaba, era por las presiones de Estados Unidos en el proceso. El expresidente de Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, declaró que era necesario pensar “cuál era la alternativa al acuerdo” que proponía el chavismo, e instó a la oposición a firmarlo. Tanto Borges como el resto de los voceros de la MUD negaron en todo momento que lo dicho por Rodríguez fuese cierto.
Tiene el chavismo la escena servida para organizar unas elecciones como le venga en gana. Una campaña electoral brevísima, que no exponga demasiado a Maduro frente al electorado; tutelada por unos funcionarios electorales comprobadamente chavistas; el control casi absoluto de los mensajes televisados; el uso discrecional de los recursos públicos para la contienda; dirigentes opositores y partidos políticos proscritos y la colaboración activa de la logística de las Fuerzas Armadas Venezolanas.
Importantes dirigentes opositores consultados, como Julio Borges y Luis Florido, no quisieron adelantar opiniones en torno a un retiro de las elecciones, alegando que esa materia debe ser discutida exhaustivamente.
El escepticismo en torno a la consulta que organiza el chavismo es manifiesto y generalizado. Sin embargo, aunque cunde el pesimismo, y el crédito político de las autoridades electorales es muy bajo, en algunos sectores políticos y civiles de la oposición persiste la convicción de que el momento político actual perjudica a Maduro, y que a este se le podría derrotar, como lo asoman algunas encuestas, si la población es adecuadamente motivada para votar masivamente en contra del Gobierno chavista y el actual estado de cosas en el país. Nada de lo cual, ripostan (refutan) otros, los exime de ser pasados por el remojo de tretas fraudulentas más hondas y de mayor calado.
