El Ministro del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional de Venezuela, Tareck El Aissami, realizó recientemente varias declaraciones en televisión nacional que anunciaban nuevas medidas de seguimiento a cuentas bancarias nacionales que comercian con criptomonedas, acción que busca disminuir la especulación en dicho mercado.
El Aissami informó que un grupo de mafias había “distorsionado intencionalmente el mercado de las criptomonedas” en el país latinoaméricano. En este sentido, la autoridad estatal afirmó que los especuladores habían migrado de las paginas web que calculaban las tasas del dólar paralelo en Venezuela, hacia la utilización de las criptomonedas como método o unidad de calculo para las tasas de venta del dólar paralelo a nivel nacional, un fenómeno que ha sido reportado.
“Algunas paginas pretenden imponer precios especulativos a las criptomonedas que tienen curso legal en Venezuela”, acotó el ministro. Debido a ello, las autoridades regulatorias del gobierno venezolano han decidido implementar un grupo de acciones legales para identificar cuentas bancarias nacionales vinculadas a operaciones de distorsión del mercado de las crptomonedas y sus dueños “serán severamente castigados y puestos a la orden de la justicia nacional”.
Aunque no se dieron detalles sobre las represalias que puedan generar estas nuevas medidas en el sector jurídico, Tareck El Aissami confirmó que las prácticas especulativas en el mercado de activos digitales tendrán consecuencias legales, las cuales podrían incluir la cárcel para los infractores.
Las declaraciones del Ministro del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional tienen dos caras de la moneda. Por un lado, el ejecutivo habría confirmado que algunos activos digitales pueden ser considerados monedas de curso legal en Venezuela, una acción que ya había sido anunciada por la Asamblea Nacional Constituyente del país al afirmar que no sólo se legalizaría el uso de las criptomonedas sino que también se regularía su funcionamiento.
No obstante, también estas declaraciones tienen su contraparte, ya que la supervisión de las cuentas bancarias debido a la especulación en el mercado de criptomonedas puede generar tensiones dentro del ecosistema a nivel nacional, limitando así la inversión y el uso de dichos activos.
UNA POSICIÓN CONTRADICTORIA
En este sentido, el panorama de criptomonedas en Venezuela sigue siendo muy incierto. Debido a ello, usuarios del mercado de activos digitales venezolano han mostrado su confusión en las redes sociales respecto a la postura del gobierno nacional sobre las criptomonedas, considerando que la misma es contradictoria.
El usuario de Twitter Luigino Bracci Roa comentó que aunque algunas de las medidas del gobierno han estado a favor de las criptomonedas y han promocionado el uso de las mismas como herramienta financiera, en otras ocasiones las acciones del Estado han ido en contra del mercado de activos digitales.
Por ejemplo, Bracci Roa denunció que un documento publicado por miembros de la Asamblea Constituyente de Venezuela, titulado Recomendaciones para atender la coyuntura económica, se habla de “prohibir el libre uso de las criptodivisas en el país”, una medida que contradice la postura amigable del Estado frente a las tecnologías blockchain y las criptomonedas.
Asimismo, también se destaca en estas recomendaciones que el Petro, la muy conocida criptomoneda lanzada y administrada por el Estado, no podrá ser adquirida con bolívares soberanos para evitar la fuga de divisas.
En este sentido, también es valido destacar que aunque con anterioridad el gobierno venezolano ha expresado su posición favorable respecto al uso y adopción de las criptomonedas como método de inversión y herramienta financiera, también algunas medidas regulatorias han resultado contraproducentes y limitantes para el desarrollo del libre mercado de criptomonedas.
Por ejemplo, el lanzamiento de la criptomoneda nacional, El Petro, ha sido una de los proyectos más ambiciosos de la región con monedas criptográficas, recaudando según cifras oficiales 3.388 millones de dólares. Asimismo, esta adopción Estatal vino acompañada de la creación de la Superintendencia de Criptoactivos, autoridad encargada de la regulación de las criptomonedas en el país.
En seguimiento de estas acciones, el Estado también creó una Tesorería de Criptoactivos y decidió distribuir certificados digitales que permiten la minería en todo su territorio, medidas que legalizan el ecosistema de criptomonedas en la nación.
No obstante, también medidas Estatales aduaneras inhabilitaron la importación de mineros ASIC al país que no contaran con la debida autorización de las autoridades regulatorias, quienes han otorgado autorización a tan sólo dos empresas nacionales y negado a otras dos firmas de importaciones.
De igual manera, el país también presentó una alta tasa de mineros de criptomonedas arrestados debido al robo de energía eléctrica y prácticas ilegales de operaciones de minería en el territorio, antecedentes que han tambaleado más de una vez la imagen criptoamigable del Estado venezolano.