Las circunstancias que contribuyeron a lo que hoy en día es la falta de estabilidad institucional en Venezuela tuvieron su génesis en el año 1958, tras la caída de Pérez Jiménez, se inició un proceso democrático que prometía la efectiva vigencia de una Constitución basada en la división de poderes y en la garantía de los derechos humanos .
Tenemos entonces que el proyecto político de 1958, fundamentado en la modernización de la sociedad, bajo la figura de un modelo democrático, representativo y pluralista, se reemplazó por un proyecto constituido en estatismo, centralismo, presidencialismo, partidismo y populismo, rasgos que han caracterizado al Estado venezolano a partir de entonces .
Es por esto, que se dio el proceso constituyente de 1961 proceso político impulsado, en una primera etapa, en el afianzamiento de la democracia formal mediante la cual se planteaba una búsqueda inherente de división de poderes1. Se aspiraba alcanzar “una constitucionalidad estable que tenga en sus bases la sinceridad política, el equilibrio democrático, la honestidad administrativa y la norma institucional que son la esencia de la voluntad patriótica del pueblo venezolano”. Sin embargo, la realidad fue otra, pues el afán por implementar una verdadera democracia en Venezuela –la cual en términos formales no ha existido-, ya que conllevó a discrepancias en el poder, sobre todo por parte de aquellos con jerarquía o relación militar, lo que generó con ello la suspensión de varias garantías individuales, conllevando así a lo que se puede llamar un “intento fallido de democratización”.
No sería sino hasta 1983 cuando el Tribunal Supremo de Justicia decide restablecer a plenitud las garantías constitucionales, lo cual generó el llamado recurso de amparo, con la finalidad de salvaguardar la Constitución. Aunado a ello, tenemos que desde los comienzos de 1999 se podía apreciar la voluntad de asumir a plenitud el valor normativo de la Constitución1. Sin embargo, el retraso en la aceptación de la supremacía constitucional ya había generado las suficientes consecuencias para desestabilizar a un país hasta plano siglo XXI.
Después de las consideraciones anteriores, tenemos que precisar de manera detallada cada uno de los aspectos que el Estado venezolano optó como política en estatismo, centralismo, presidencialismo, partidismo y populismo.
En primer lugar tenemos el estatismo, es la expresión del intervencionismo en las actividades de desarrollo económico social, generando con ello un crecimiento desproporcionado en el aparato burocrático, dominado por los partidos políticos que ostentan el poder, generando con ello altos índices de corrupción e ineficacia debido a los altos niveles de participación política2, y la gran dependencia de la renta petrolera después del llamado boom petrolero, lo que se tradujo en un país rentista y mono productor, incapaz de sostener una economía productora .
En segundo lugar tocamos el tema del centralismo y presidencialismo, reflejado tanto en la Constitución de 1961 y 1999 otorgando una amplia gama de facultades al Poder Ejecutivo, en el ámbito político, financiero, político2, e incluso legislativo, con los llamados decretos leyes, vulnerando las posibilidades de un cumplimiento pleno del Estado de Derecho y la democracia en Venezuela, ya que el poder de decisión y administración se centra en aquellos partidos políticos de mayoría representativa, lo que también se traduce en un partidismo significativo.
Por último, tenemos el populismo, una enfermedad presente en todo el continente2, con políticas públicas presente de caracteres con excesiva sumisión por parte de la sociedad, generando un sentido de dependencia infundada a aquellas personas que fundamentan y exigen sus derechos y obligaciones con la intención de que el Estado sea encargado de asumir una función proteccionista –algo así como el titular de la patria potestad de todo el país- asumiendo todas las responsabilidades sociales, culturales, civiles, económicas y políticas.
Es evidente entonces que, más allá de otorgarle la culpabilidad completa a un gobierno caracterizado por rasgos populistas, como lo fue el del presidente Hugo Chávez, y posteriormente Nicolás Maduro, los planteamientos hecho con anterioridad han sido un virus presentes en el desenvolvimiento político desde 1961, lo cual se arraigó en 1974 con el boom petrolero3, lo cual se ha vuelto intrínseco a un sector representativo de la sociedad, pero que posteriormente fue más complejo mantener, sobre todo en 1979 cuando la crisis petrolera se presenta durante el gobierno de Luis Herrera Campins2.
La plataforma institucional del sistema político venezolano depende en gran medida de la estabilidad democrática y la renta petrolera, los cuales son factores que son vulnerados con gran facilidad, más que todo por el hecho de ser caracteres externos que no pueden ser controlados por las instituciones del Estado.
Un quiebre palpable de la institucionalidad venezolana se evidenció en los intentos golpistas de 1992, en los cuales se evidenciaba un descontento social latente –porque el Estado no pudo mantener las políticas populistas a los cuales muchos venezolanos estaban acostumbrados- y una latente indiferencia hacia las instituciones, los que nos hace creer que, gran parte de la sociedad venezolano no tiene sentido de pertenencia para con sus instituciones gubernamentales –debido a la historia que lo fundamenta-, lo que genera un fuerte riesgo, ya que es posible que se presenten “mesías políticos” –como ya pasó con el candidato Hugo Chávez- ofertando soluciones que realmente no pueden ser cumplidas, sino creando mecanismo para desviar las fugas que representan la falta de institucionalidad y de conciencia ciudadana.
La crisis de institucionalidad que hemos planteado con anterioridad de se debe a cuatro pilares fundamentales: crisis de valores, donde el conjunto de principios éticos y morales que fundamentan el ejercicio político se han distorsionado; ausencia de liderazgo, el liderazgo político venezolano se ha caracterizado por ser intrínsecamente relacionado con el ejercicio personalista del poder; corrupción, la falta de valores morales se evidencia en aquellos hecho ilícitos de búsqueda de enriquecimiento sin causa que cada vez se hacen más evidentes –sobre todo en la gestión política actual-; y por último la pérdida de legitimidad, pues se testifica que la institucionalidad del país está en manos de los partidos políticos2, generando desconfianza a las garantías ofrecidas por las instituciones el Estado.
Características que son un evidente reflejo del agotamiento de un modelo político que fue adoptado por el sistema político, teniendo en cuenta que la élite política perdió para manejar el desenvolvimiento de la sociedad, todo por el hecho de prevalecer sus intereses personales sobre los de la nación2.
Un ejemplo evidente la escaza institucionalidad en Venezuela son los diversos procesos constituyentes que se han llevado a cado, sobre todo aquella Asamblea Nacional Constituyente llamada en 2017, ya que, se ha evidenciado que todo proceso constituyente realmente tiene como finalidad la detentación del poder y la integración explicita de los intereses de aquellas personas que detentan el poder, lo cual, genera incertidumbre legislativa a toda la nación, ya que, las modificaciones a la Constitución expresan "la dinámica sociopolítica de una sociedad, en la que coinciden o se confrontan los criterios e intereses de los sectores con capacidad para incidir en la definición de las mencionadas reglas" . Por lo que, es evidente que no tener seguridad de supremacía normativa de la Constitución genera incertidumbre jurídica, ya que ello significa que tal instrumento legal puede ser cambiado a conveniencia del poder en cualquier momento del desenvolvimiento social.
Hecha la observancia anterior, tenemos que además de presentar problemas de carácter social, institucional y político, también tenemos grandes matices de problemáticas gubernamentales, a lo cual, un proceso constituyente no es la solución para resolverlo .
Como resultado de los planteamientos hechos con anterioridad es necesario plantearnos las siguientes incógnitas: ¿realmente el problema político de Venezuela radica en los detentores el poder? ¿o más bien son un reflejo de la falta de conciencia ciudadana sobre la institucionalidad o sistema normativo positivo?
A criterio personal, el problema radica principalmente en la falta de conciencia ciudadana –entendiendo también la falta de educación, tanto estadal como familiar-, ya que un ciudadano consciente de todos aquellos derechos, garantías y deberes que son inherentes a él está totalmente capacitado de exigir el pleno cumplimiento y respeto de la institucionalidad, así como, de exigir el pleno respeto al Estado de Derecho –o por lo menos que se mantengan las características fundamentales de la democracia-. Son el claro resultado de una sociedad de ignorantes políticos, donde su búsqueda constante radica en las comodidades individuales previstas por subsidios y en la reiteración de los mismos errores históricos, se la pasan en la constante búsqueda de un “mesías político” cuando la verdadera solución a sus problemas son ellos mismos, la verdadera educación y la independencia de la renta petrolera –la cual, como sabemos ya no abastece las necesidades básicas del país-.