En las políticas de Seguridad Laboral, uno de las mayores dificultades que deben enfrentar las pequeñas y medianas empresas en los países sudamericanos y centroamericanos con dificultades económicas (entre las cuales esta Venezuela por supuesto), es la dotación a los trabajadores de los Equipos de Protección Personal (EPP). Esto se debe a que la gran mayoría de los dispositivos de seguridad laboral (léase extintores, señalizaciones, arneses anti caídas, detectores de humo, etc.) y los EPP son de fabricación extranjera (mayormente estadounidenses) y por este motivo les resulta sumamente oneroso en sus partidas presupuestarias llevar a cabo estas necesidades y claro, a su vez conlleva a no poder cumplir con las normativas legales de cada país y por consiguiente vienen las consecuencias respectivas, entiéndase multas significativas, cierres sancionativos temporales y otras medidas que afectan la permanencia de estas empresas en el mercado productivo. Es decir, por una parte los entes rectores nacionales encargados de la seguridad laboral velan por que se cumplan estas dotaciones necesarias para la protección del trabajador y por otra parte, al cerrar estas empresas por los motivos mencionados dejamos sin empleo a los mismos. Es mi criterio, que los Estados deben crear las políticas necesarias de manera tal que estas empresas puedan adquirir estos dispositivos y productos de seguridad laboral bien sea mediante la entrega rigurosa de dólares preferenciales para este rubro y la flexibilización de las sanciones a las empresas mediante un convenio entre las partes (pagos de las sanciones fraccionadas, multas pagables según el riesgo –empresa, pagos no solo en moneda legal si no en horas-capacitación, trabajo comunitario, etc.) que deriven en un fiel y efectivo cumplimiento de las obligaciones que emanen de los principios , normas y procedimientos de la seguridad laboral y que los trabajadores no sean los más perjudicados por tan compleja situación.