Originalmente publicado en El Mostrador.

El gobierno de Chile ha manifestado la intención de obligar a las empresas de telecomunicaciones a compartir sus redes en casos de emergencia. El objetivo de esta medida es que las personas ubicadas en lugares declarados como zona de catástrofe por el gobierno puedan comunicarse usando teléfonos celulares incluso cuando la red de la compañía emisora del chip esté interrumpida por algún problema (presumiblemente) relacionado con la catástrofe. Esta medida aseguraría que las personas necesitadas de ayuda puedan solicitarla efectivamente. No obstante, la razón propuesta por Rodrigo Ramírez, subsecretario de telecomunicaciones, es que las personas tengan un tiempo breve, de unos dos minutos, «para que los usuarios puedan hablar con sus familiares, explicar la emergencia y luego cortar la conexión para que entre otro operador»- Por supuesto, el gobierno esgrimirá mejores razones (espero) al momento de presentar oficialmente el proyecto.

Esto me hace recordar, de inmediato, la situación que enfrentaba con los alumnos que llevaban su teléfono celular a la sala de clases. Lo cierto es que todos lo llevan y lo mantienen encendido, pero existe la sensata regla de que no pueden contestarlo durante la clase. En una oportunidad, le recordé verbalmente esta regla a una alumna que contestó el teléfono en la sala y ella se justificó diciendo algo así como «¿y qué tal si mi abuelita se estuviera muriendo?», a lo que yo respondí «daría lo mismo, porque usted no podría salvarla, ¿o sí?» Pensé en esta situación, por cierto, a propósito del argumento que usó el subsecretario de telecomunicaciones: creer que las empresas puedan ser obligadas a compartir sus redes con el fin de que las personas les digan que están bien a sus familiares en lugar de que llamen a un servicio de urgencia para solicitar una ambulancia suena un tanto superfluo, aparte de lucir como un desperdicio de recursos.

Esta medida es idéntica a aquellas que pretenden controlar los precios en casos de catástrofe. En ellos, el argumento apunta hacia evitar la «especulación», pero lo que verdaderamente consigue la medida es evitar el acceso a los productos que la gente necesita. En esta, no obstante, el argumento afirma que la posibilidad de vincular cualquier teléfono con la red de las distintas compañías que operan en Chile aseguraría la comunicación de aquellas personas cuyas compañías fallaren. Suena sensato, pero de ninguna manera sencillo.

Resulta inadmisible, por una parte, que el gobierno pretenda regular el funcionamiento de las redes de las compañías de telecomunicaciones, puesto que esas redes son de propiedad privada y lo que se haga con ellas ha de ser competencia exclusiva de sus dueños. Resulta verosímil, por otra parte, que esta intervención redunde en un peor servicio para los usuarios durante momentos de necesidad crítica. Es posible que me equivoque, pero la adición de un número importante de usuarios a una red que normalmente opera con muchos menos causaría el colapso de esta red y el consiguiente efecto de que nadie podrá hacer ninguna llamada. Al menos esto se desprende desde la opinión expresada por un representante de Entel a La Tercera.

Por lo que se ve, el gobierno pretende pasar por encima de un derecho básico con la excusa de socorrer a personas en situación de necesidad extrema, pero lo que conseguirá será dejarlas aún más desprotegidas de lo que estaban originalmente. Lamentablemente, esto ya ha ocurrido antes: con el Transantiago y con los maremotos del 2010, por ejemplo. La mayoría de las intervenciones gubernamentales pueden interpretarse así, de hecho: incluso la denuncia de «colusión» (aunque no hay intención de perjudicar a nadie) contra las papeleras y otras que la opinión pública interpreta como beneficiosas. No es algo que vaya a discutir aquí, de todas maneras.

Para que tengamos una mayor posibilidad de acceder la red telefónica durante una catástrofe, no deberíamos obligar a las empresas de telecomunicaciones a sumar en sus redes a los usuarios de la empresa cuyas redes dejaron de funcionar: esto solamente causará que una comunicación difícil se convierta en una comunicación imposible y que quienes de verdad necesitan ayuda se vean totalmente impedidos de solicitarla. Este es el argumento utilitarista. A cualquier persona con el estándar moral de un cocodrilo le bastará con saber que regular el uso de la propiedad privada es incompatible con el respeto de la dignidad humana, pero nuestros políticos están muy por debajo de eso.

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